SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente se ha cuestionado a nivel público el uso de la prisión preventiva tras causas vinculadas a delitos económicos ligados a la clase política. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué se cuestiona esta medida cuando se aplica a personas pertenecientes a la élite, pero se festina casi sin cuestionamientos cuando, día a día, es concedida para quienes no tienen el privilegio de pertenecer a aquellos grupos?

Hoy, el 46% de las mujeres privadas de libertad lo están por decretarse prisión preventiva; porcentaje que sin dudas da cuenta del uso excesivo de esta medida cautelar, abriendo la legítima discusión sobre si se aplica con igual celo frente a unos por sobre otros.

Las mujeres privadas de libertad históricamente han sido invisibilizadas, por ello, no es de extrañar que solo ahora se ponga la mirada sobre la falta de cárceles “VIP” para mujeres. Sin embargo, tal exigencia es un sinsentido para quienes creemos en la equidad y la posibilidad de justicia; esta propuesta no viene a incluir perspectiva de género, sino a reforzar situaciones de privilegio basadas en cuestiones de clase.

Cárceles de élite no deberían existir. Lo apremiante es subir el estándar de los otros recintos penitenciarios donde hoy se vulnera flagrantemente la dignidad humana, además de repensar y cuestionar seriamente el encarcelamiento masivo como única vía posible de política criminal. No se puede pretender solucionar con justicia penal aquellos problemas que derivan de la justicia social.

Tania González

Alejandrina Tobar

Leasur ONG