Hace algunos años, una cárcel y un estadio eran construcciones opuestas. La primera reunía a los que es necesario aislar de la comunidad; la segunda era punto de encuentro de la vida sana y la entretención familiar. Los padres llevaban a sus hijos al estadio, en buena medida, para que nunca estuvieran siquiera cerca de la cárcel.

Esta semana enfrentamos la dramática realidad actual: cárceles y estadios ahora están muy cerca, terriblemente cerca de ser controlados definitivamente por bandas de delincuentes. Los gendarmes amenazados no solo en los penales, sino en sus domicilios y en la calle, con referencias a sus familias. El objetivo es ir destruyendo su autoridad, de manera que el crimen organizado controle las cárceles, que se convierten así en una más de sus “líneas de negocios” y en refugio desde donde muchos de sus cabecillas dirigen sus actividades.

La periodista Ronna Rísquez publicó una interesante investigación sobre el Tren de Aragua, en que relata la forma en que su líder, el “Niño Guerrero”, tomó el control de la cárcel de Tocorón y desde ahí, disfrutando de piscina y cancha de tenis, comandaba sicarios, extorsiones, tráficos de armas y secuestros, además de todas las actividades lucrativas que el control de esa y otras cárceles le brindaban.

“Estadio Seguro” parece más una frase de marketing político que una política pública, porque si hay algo que en Chile no es seguro son los estadios. Las llamadas “Barras Bravas” controlan cada vez más los partidos de fútbol, que se convierten en ocasión de violencia, destrucción y disolución de todo sentido de autoridad. Dos hinchas murieron aplastados en una estampida a las afueras del estadio Monumental y la acción penal ya se dirige contra los carabineros.

Desde luego, debe investigarse la aplicación razonable de los protocolos policiales, pero el sentido común indica que los primeros responsables de esas terribles muertes son los delincuentes que provocaron la violencia y la estampida. Pero esos delincuentes deben estar felices desde sus casas viendo cómo los únicos perseguidos son, como siempre, los carabineros.

Así es inevitable que policías y gendarmes pierdan toda mística y vocación de servicio público, se vuelvan cínicos, muchos se corrompan, la seguridad se privatice y sea uno más de los lujos a que da acceso el dinero, mientras los barrios se convierten en territorios en disputa por bandas que son la única autoridad real. Basta darse una vuelta por varios países de América Latina para ver ejemplos concretos, pero lo más terrible es que esa realidad ya está aquí, en lugares específicos de algunas regiones y de Santiago.

Esto se enfrenta con decisión política, con una acción eficaz de las instituciones, o llegará algún mesianismo autoritario que nos cobrará un precio muy alto por hacerlo. Cárceles y estadios nos recuerdan que estamos muy cerca del punto de no retorno. Seguridad y democracia son siamesas que comparten un solo corazón, la muerte de una acarrea el fin de la otra. Nosotros debiéramos saberlo.

Por Gonzalo Cordero, abogado