Cariolazo

SEÑOR DIRECTOR:

Lo que ha ocurrido con la Presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola es una muestra más de cómo algunos políticos contribuyen activamente al desprestigio de la actividad.

En primer lugar, la presunta inapropiada injerencia de Cariola con su correligionaria ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para intervenir en favor de un amigo empresario, muestra la fragilidad de nuestra institucionalidad, y cómo se pueden baipasear normas como la Ley de Transparencia y la Ley de Lobby si se ponen los medios adecuados.

En segundo lugar, el informe de la Policía de Investigaciones señalando que las conversaciones que se recuperaron entre la diputada y la exalcaldesa fue de chats que habían sido borrados, lo que hace pensar de que existía conciencia de que estaban actuando irregularmente al momento de gestionar esas diligencias.

Además, una vez que esto sale a la luz pública, empieza una ofensiva comunicacional contra la Fiscalía y el Poder Judicial por parte de los partidarios de Cariola, pero también por parte del oficialismo, que en un marco de victimismo intentaron cuestionar la labor que realizan ambas instituciones, incluso mintiendo públicamente.

Por si fuera poco, en la medida que se fueron conociendo más vínculos de la diputada con el empresario chino, negaron tal relación, llegando a decir que se trataba de una estrategia de desprestigio. La más emblemática de estas situaciones fue la del arriendo del departamento en que habita la diputada, que resultó ser propiedad del mismo empresario por el cual intervenía a favor.

Es evidente que todo lo anterior constituye de por sí una irregularidad. Porque aun cuando estas conversaciones no hayan derivado en una acción concreta, cuestión que deberá demostrarse en los tribunales, ya da cuenta de una conversación impropia, sacando provecho de su posición política para intervenir en favor de un particular, cuando existe una institucionalidad a través de la cual los particulares pueden dar a conocer sus intereses.

La utilización del victimismo como arma comunicacional, el desprestigio a las instituciones como una herramienta de defensa pública y la mentira como salida rápida frente a la información perjudicial constituyen hechos que afectan la fe pública, pero también a la institucionalidad. Definitivamente nuestro país debe poner fin a este tipo de situaciones, haciendo oídos sordos a quienes pontifican con un estándar para los demás, que jamás han podido cumplir.

José Francisco Lagos

Director ejecutivo del Instituto Res Publica