Por Jörg Stippel y Francisco Bedecarratz, Universidad Autónoma
Las reacciones ante el lamentable caso Ámbar exhiben el problema de un traspaso de culpas entre el conjunto de actores implicados. Pareciera que, para algunas autoridades, resultara más fácil responsabilizar al Poder Judicial, a Gendarmería, y dentro de tales instituciones, a las y los funcionarios que, ejerciendo su labor, han tomado determinadas decisiones, más que preguntarse ¿qué podría haber hecho yo para evitar la reincidencia y facilitar la resocialización del principal imputado, Hugo Bustamante? Las declaraciones de algunos personeros del Ejecutivo y del Congreso dan cuenta de esa carencia reflexiva.
El sector político chileno no asume su responsabilidad. No se preguntan ¿por qué son deficientes los informes que elabora Gendarmería? ¿Por qué existen delegaciones del Poder Judicial para resolver en base a información poco consistente y en un procedimiento poco transparente? ¿Por qué no existen jueces de ejecución especializados en materia penitenciaria? y ¿por qué los procesos de tratamiento penitenciario no culminan en sujetos resocializados? ¿Dónde estuvo el error?
Podríamos pensar, que la primera responsabilidad recae en el Poder Legislativo, en las/os mismos parlamentarios que ahora critican a los anteriores. ¿Quiénes entre ellos han trabajado para elaborar una ley de ejecución de penas que posibilite regular, en detalle, todo el procedimiento destinado a resocializar a una persona dentro de una cárcel, o una ley que establezca juzgados especializados en materia penitenciaria? ¿Cuánto esfuerzo han dedicado para aumentar el presupuesto destinado a resocialización y la contratación del personal técnico necesario para fortalecer los programas intracarcelarios? Son temas que políticamente “no venden”, así que no interesan. Ni siquiera es posible constatar que hayan actuado con el debido celo en la modificación de la libertad condicional (ley 21.124 del 18.01.2019), pues se presentó por moción parlamentaria y sin informe financiero. Cabe preguntarse qué cuesta más: ¿mayores gastos en actividades de resocialización o altas tasas de reincidencia?
Gran parte de la responsabilidad recae también en el Poder Ejecutivo. El otorgamiento de la libertad condicional opera dentro de un sistema de ejecución penal completamente disfuncional. Regulado por normas infra legales donde cada parte del proceso falla. Comenzando por las prestaciones que recibe una persona privada de libertad. El tratamiento penitenciario no aborda, seriamente, los factores que incidieron en la conducta delictiva y tampoco facilita la posterior reinserción. El ocio y la inactividad es lo que espera a la mayor parte de las personas “tratadas”. También falla la evaluación y el control. La persona que obtiene la libertad condicional ve modificada la forma de cumplimiento de su pena, pero sigue bajo supervisión del Estado. Sin embargo, no se ha estructurado un sistema real de control e intervención para esta etapa. Podríamos añadir, que se deja funcionar al sistema penitenciario al margen de la ley, con enfermerías que funcionan sin autorización sanitaria, y edificaciones que no cumplen con las normas de aforo ni de seguridad, sin ser objeto de crítica o de rectificaciones urgentes.
Es en el contexto de esa irresponsabilidad generalizada, criticar al poder judicial por sus aparentes errores, parece ser otra medida populista cuya única finalidad es no asumir la propia responsabilidad.
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