Caso Cariola: inapropiada intervención del gobierno

El 3 de marzo la PDI procedió a cumplir la orden de allanar el departamento de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, en la comuna de Providencia, con el fin de incautar su celular y notebook. La medida respondió a una indagatoria por eventual tráfico de influencias, por indicios que habrían surgido del análisis de celulares a imputados en la investigación por el caso de la fallida compra de la clínica Sierra Bella durante la anterior administración de la Municipalidad de Santiago. Si bien lo anterior obedece a las medidas razonables que se realizan en una investigación penal y cuya pertinencia, de acuerdo a los antecedentes que se le presentan evalúa el juez de garantía, en el caso en cuestión generaron especial revuelo no solo por la investidura de quien se trata, sino también por el hecho de haber ocurrido apenas horas después de que la presidenta de la Cámara diera a luz a su hijo en el Hospital José Joaquín Aguirre.

Y si bien por esta coincidencia eran esperables las reacciones que puedan originarse en el círculo de la parlamentaria, atendida la condición en que se encontraba, llama la atención que rápidamente las autoridades de gobierno -ministro de Justicia y ministra de la Mujer- hayan actuado exigiendo explicaciones sobre por qué la diligencia se practicó en ese momento y no se esperó otro más oportuno. Incluso el Presidente intervino apoyando a la diputada y llamando a la justicia a “actuar de manera imparcial”. El Ministerio Público es un organismo autónomo constitucionalmente y esa condición es la que le permite dirigir las investigaciones de manera efectiva, determinar la naturaleza de las diligencias que considera necesarias para perseguir esos objetivos y evaluar la oportunidad, de manera de que no se comprometan los fines de la misma, por lo que exigir razones de su actuar de parte del Ejecutivo aparece como una intromisión indebida en el ámbito de acción de esta entidad.

La respuesta del fiscal nacional, Ángel Valencia, fue bastante clara ante el emplazamiento del ministro de Justicia. “Las razones por las cuales se han tomado decisiones respecto a distintas personas, sean testigos, sean imputadas en distintas causas, están en las investigaciones que se encuentran a cargo de distintos fiscales, y los motivos por los cuales estos decretan ciertas diligencias y no otras”, dijo. Por lo tanto, es el mérito de las mismas indagatorias la que determina las actuaciones, y la institución debe dar las explicaciones en las instancias que corresponda, ya sea en los tribunales o a la comunidad por el interés público que una investigación despierte.

En este caso, el propio fiscal Cooper que lleva la causa posteriormente dio públicamente las razones: “Era urgente realizar la diligencia, ese día la exalcaldesa Hassler tuvo acceso a informes y, dado el nexo entre ambas, ponía en riesgo el éxito de la investigación”, y más allá de la discusión sobre si fue prudente la oportunidad, las explicaciones no pueden ser exigidas por otras autoridades, aun cuando el subsecretario del Interior señale que ve difícil “que una autonomía constitucional como el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan sentirse apercibidos, apremiados, por una declaración de un ministro de Estado”. El hecho no está en cómo se sientan, sino en que es necesario que aquellas no se hagan.

El caso ha seguido su curso judicial con el accionar de la defensa de la diputada Karol Cariola que inicialmente pretendió anular la diligencia y la incautación de los medios electrónicos, aunque luego se acogió una cautela de garantía que permite devolver los implementos incautados luego de ser periciados, protegiendo aquello que no tiene relación con lo investigado. Es el camino que corresponde, donde quienes se ven afectados hacen valer sus recursos y reclamaciones en pos de la observancia de sus derechos durante la investigación ante las instancias correspondientes. Como señaló el vicepresidente de la Cámara Eric Aedo cuando se supo lo del allanamiento, “dejemos que las instituciones funcionen”.

Por otra parte, el caso en cuestión también abrió otro flanco en la Cámara de Diputados con la censura promovida por la bancada socialcristiana y apoyada por Chile Vamos, la tercera durante la presidencia de Cariola. Finalmente fue rechazada por 72 votos contra 51 y una abstención, dando cuenta de la liviandad con que se insiste en estas acciones al no tener claridad de los respaldos con que se cuenta. Y si bien ello es criticable, es un mecanismo propio del funcionamiento de la Corporación, por lo que no parece pertinente que sea el Presidente de la República el que se sume a la defensa de la misma mesa y de su presidenta -más allá de ser parte de su misma coalición de gobierno- llamando a la derecha a que en vez de dedicarse a “estas cosas” e impulsar la censura, “se preocupen de las cosas que realmente le importan a la ciudadanía, que logremos sacar adelante proyectos que están esperando hace mucho tiempo y que nos pongamos todos a trabajar”.