Caso Fuente-Alba y compliance

SEÑOR DIRECTOR

Sin perjuicio de que el caso Fuente-Alba es una investigación que está todavía en proceso, éste y otros casos que hemos visto recientemente nos muestran una constante: un importante déficit en la cultura institucional de cumplimiento normativo, una extendida participación en los actos contrarios a la ley y que esos incumplimientos se producen al más alto nivel.

Si bien las sanciones y nombramiento de nuevas autoridades son pasos positivos, lo que corresponde hoy es que nos tomemos en serio el avance hacia un compliance o modelos de prevención en el sector público y las Fuerzas Armadas.

El compliance entró con cierta timidez en Chile de la mano de la Ley N° 20.393 el año 2009. Después de eso se ha ido ampliando el catálogo de delitos y abierto a nuevos ámbitos (Ley de Pesca y libre competencia), pero se ha mantenido circunscrita al ámbito corporativo.

La literatura comparada muestra que el compliance es también necesario en el sector público y en las Fuerzas Armadas. Si bien lo público suele estar sujeto a un control más estricto, el modelo de compliance entrega una metodología específica que permite un control desde dentro. Por supuesto, ésto no evitará del todo la comisión de ilícitos, pero es responsabilidad de la institución minimizar las probabilidades y tener la estructura para reaccionar adecuadamente, evitando que el mal de la corrupción se extienda entre sus miembros.

El precio de tener instituciones insuficientemente probas es incalculable: además de los costos económicos directos, impide la realización de las tareas de administración, merma la confianza en el Estado y afecta la moral de los miembros de la organización. Combatir eso debe ser una prioridad.

Jaime Winter Etcheberry

Profesor de Derecho Penal Universidad de Chile