Cautela frente a la caída en la pobreza

La semana pasada se dieron a conocer los principales resultados de la Casen 2022, encuesta de gran valor para el diseño y evaluación de políticas públicas en el país, que es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, y que en esta oportunidad contó con la colaboración de organismos como el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, para la recolección y procesamiento de los datos, así como de la Cepal, para la validación de las metodologías.

La encuesta arrojó una caída significativa en la pobreza, que pasó desde un 10,7% de la población en 2020, hasta un inédito 6,5% en 2022. Este porcentaje, que equivale a menos de un millón trescientas mil personas, fue incluso menor a la tasa de pobreza del año 2017, última medición antes de la pandemia, cuando se llegó a un 8,5%.

Si bien se trata de una cifra mejor de lo que se anticipaba, lo cierto es que ha venido acompañada de una suerte de cautela, tanto por parte de las propias autoridades como de los especialistas. El motivo de ello es lo que ésta esconde si es que se mira con más detalle. Por un lado, la tibia recuperación del empleo, que se tradujo en un alza en los ingresos del trabajo de los hogares que no fue suficiente para igualar los niveles previos a la pandemia. Y, por el otro, el fuerte aumento en la entrega de subsidios monetarios por parte del Estado a los hogares de menores recursos, así como el aumento en el alquiler imputado, esto es, el valor que se imputa a los ingresos de los hogares que son dueños de su vivienda -y que depende del precio actual de ésta-, lo que busca reflejar el ahorro que implica no tener que costear un arriendo. Así, se observa que mientras los subsidios del Estado permitieron compensar los menores ingresos del trabajo, el alza del alquiler imputado, que no es un ingreso propiamente tal, fue lo que fundamentalmente explica la caída en la pobreza.

De esta forma, la sensación que deja el resultado no es del todo satisfactoria: sin duda es una buena noticia que la acción estatal esté permitiendo compensar los vacíos que el mercado laboral no está pudiendo rellenar, pero preocupa especialmente el deterioro en el empleo de las familias más modestas del país, cuyos ingresos del trabajo se encuentran en el peor nivel desde 2006 (que es desde cuando se dispone de cifras comparables). Más aún, porque todavía no se ve un cambio en el discurso de la autoridad que sugiera una intención de impulsar políticas públicas que tengan por objeto apuntalar decididamente el crecimiento económico, fortalecer la inversión y la creación de empleo.

En los hechos, si es que el país aspira a que la menor pobreza se sostenga en el tiempo y así avanzar en una mayor movilidad social, resulta indispensable fortalecer la capacidad generadora de ingresos de los hogares más vulnerables, pues no es posible ni tampoco deseable que la acción estatal pretenda suplirla de forma permanente.