Por Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo Libertad y Desarrollo
Hoy se cumplen dos años desde que nuestro país se vio conmocionado por las graves y numerosas manifestaciones de violencia que se extendieron por gran parte del territorio nacional. Dos años desde que, lamentablemente, la violencia aún persiste y es considerada por algunos como un medio legítimo para conseguir ciertos fines. Pero yendo más allá, la violencia ya no solo es tolerada y justificada por algunos, sino también hay quienes la protegen y ensalzan. ¿Cómo se explica sino el proyecto de ley de indulto general -amnistía, en realidad- a los presos del estallido que se tramita en el Congreso? ¿Por qué el temor o el complejo de algunos en condenar los fatales hechos de violencia ocurridos en La Araucanía? ¿Por qué la Convención elige justo este día -un día de violencia y divisiones- para dar inicio oficial a la discusión constitucional de fondo?
Pero, también, se cumplen dos años desde que comenzó a hacerse más evidente y a acrecentarse la crisis política e institucional en la que se encuentra inmerso nuestro país. Dos años de incertidumbre política y jurídica, y de un Estado de Derecho que parece ser el olvidado. Dos años desde que, gran parte de nuestros legisladores ya no consideran la técnica ni la evidencia para legislar, y para qué decir la Constitución. El ejemplo más claro es la aprobación de los retiros de fondos de pensiones, los que, además de ser inconstitucionales por vulnerar abiertamente la norma sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de seguridad social, han sido calificados por expertos como de las peores políticas públicas vistas en Chile. Particularmente, el proyecto del cuarto retiro aprobado en la Cámara de Diputados -pendiente aún en el Senado- no resiste mayor análisis. Esperemos entonces que los senadores no se sometan a las presiones electorales y, legislen, en cambio, mirando el interés de Chile.
A dos años del 18-O, también preocupa el futuro de la democracia. Llama la atención la sobreutilización que ha habido estos últimos años de una herramienta excepcional de control como lo es la acusación constitucional, siendo la última ingresada contra el Presidente de la República, quien enfrenta su segunda acusación en menos de dos años. Cuestionable es la oportunidad y el apuro con que esta se presenta, a casi un mes de las próximas elecciones, lo que viene también a complejizar el ya agitado clima electoral imperante. Preocupante también es que no se midan las implicancias de la cesación en el cargo de la máxima autoridad de la República.
Reveladora también es la cifra de las últimas encuestas sobre la pérdida de confianza de la ciudadanía en el proceso constituyente. Ello debería ser un llamado de atención a la Convención para que respete las reglas y el mandato que le fue conferido y una oportunidad para intentar llegar a consensos mínimos en una nueva Constitución que no venga a borrar todo lo construido.
