Por Gabriela Cabaña y Carolina Rojas, integrantes de la Red Chilena de Ingreso Básico Universal
El nuevo panorama político, social y constitucional chileno proclama un deseo de ruptura con los fracasos y las trampas habituales de los esquemas condicionales y subsidiarios de provisión de bienestar. Hoy, cuando escuchamos hablar a la gran mayoría de igualdad política y libertad, entendemos con claridad que se alude a un horizonte diferente: garantizar derechos y decidir la vida que queremos, no la que aparece como única posible, ni la que se nos quiere imponer.
Por ello, nos llama la atención que el gobierno, ante el actual escenario inflacionario y de aumento de los costos de los servicios básicos, haya anunciado medidas –como el Programa Chile Apoya– que dan continuidad al modelo cortoplacista de hiperfocalización y asignación individualizada de beneficios. Quienes las han respaldado, dicen que los cambios importantes están en proceso, que una transformación más profunda al sistema de protección debe esperar el desarrollo del nuevo programa de gobierno. Y quienes las critican, arguyen que son medidas cuyo propósito es político y por tanto populistas. Pero el debate de fondo, respecto a cómo ir construyendo un modelo de provisión de bienestar justo y solidario, se deja nuevamente pendiente.
Consideramos oportuno, entonces, reinstalar en la opinión pública la conversación abierta a comienzos del año 2021 en torno al derecho a la subsistencia. Por una parte, dio pie a la creación del IFE Universal. Con él, el 90% de los hogares chilenos inscritos en el Registros Social de Hogares vivieron la experiencia de recibir una transferencia de importante cuantía durante casi 12 meses para sobrellevar la crisis económica. Por otra parte, y en paralelo, en comisiones de la Convención Constitucional se discutió la posibilidad de institucionalizar el derecho a un mínimo vital mediante una Renta o Ingreso Básico Universal. Recordemos que esta política consiste en una transferencia de efectivo incondicional, universal, suficiente, individual y periódica, que reciben todas las personas que pertenecen a una comunidad política. Esta medida, trabajada y defendida desde hace mucho tiempo, es vista como un nuevo derecho humano emergente (Van Parijs, 2004; Raventós, 2015; Standing, 2017).
De la experiencia del IFE Universal, así como de la de algunos pilotos y pruebas de RBU (IBU) en diferentes partes del mundo, se puede afirmar que se trata de permitir el despliegue de nuevas formas de comprensión de la integración social (Cabaña, 2019), y del papel que tiene el trabajo. La promesa del pleno empleo y la perspectiva de salir de la pobreza trabajando han mostrado sus límites, y es hora de mirar el problema con nuevos ojos. ¿Qué pasaría si viviéramos en una sociedad donde todos tuvieran una renta básica? Una módica cantidad que nos permitiría construir nuestra vida sin miedo a la miseria. Sin duda, una política así, que es más que un arreglo económico, va a desafiar los fundamentos morales y sociales de nuestras relaciones capitalistas. La renta o ingreso básica permitiría lo que se ha llamado “la capacidad para decir que no”. Es decir, la capacidad de rechazar trabajos abusivos, degradantes o que traspasan la legalidad.
La posibilidad de tocar varias dimensiones de nuestras vidas es probablemente la cualidad más atractiva de la RBU (IBU), cuestión que es mucho más compleja que la definición de subsidios temporales individuales como los que se siguen inventando y entregando. Dispongámonos a hablar en serio de justicia social y redistribución de la riqueza creada colectivamente. Hemos ido creando las condiciones para brindarnos una seguridad económica incondicional, permanente, suficiente y universal. Ahora solo cabe hacerlo realidad.
