Chile con 25 ministerios
Si bien es importante preguntarse si se necesitan todas esas reparticiones, hay un debate aún más de fondo, que es revisar su gasto en personal y las dificultades que existen en la práctica para racionalizar sus estructuras.
El Congreso finalmente ha despachado a ley la creación del Ministerio de Seguridad, con lo cual nuestro país pasará a tener un total de 25 ministerios. Con esa cantidad, Chile figurará entre los países de la región con mayor número de reparticiones, lo cual ha abierto un debate acerca de si el número total de ministerios resulta a estas alturas excesivo y si hay margen para pensar en su reducción -por la vía de fusión de algunas carteras-, como una forma de racionalizar el gasto público y reducir la burocracia.
Hay voces que ya plantean que una vez que el Ministerio del Interior deje de tener sobre sí la responsabilidad de la seguridad -que es lo que concentra buena parte de su quehacer-, reparticiones como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se podría fusionar con Interior, mientras que la Secretaría General de Gobierno podría dejar su estatus ministerial y transformarse en una unidad que dependa de Presidencia. Son pasos que parecen razonables y deberían estudiarse seriamente, lo que sería un primer paso en una discusión que tiene ribetes mucho más amplios.
En ese orden de cosas, y aun cuando el país haría bien en evaluar si todos los ministerios tienen plena justificación como tales, un debate todavía más pertinente es preguntarse cómo se gastan los recursos al interior de cada una de esas reparticiones, particularmente en lo relativo al gasto en personal así como una revisión de sus actuales plantas y estructuras, donde probablemente se podrían encontrar cargos redundantes o bien cuya designación no necesariamente aparece justificada desde un punto de vista técnico.
Una mirada general muestra que a nivel de gobierno central existen del orden de 488 mil funcionarios. Si bien el personal de los ministerios representa solo una parte de dicho total, considerando la enorme cantidad de recursos que cada año se gasta en el total de funcionarios valdría la pena revisar si hay espacio para racionalizar dicho gasto, donde ciertamente cabría revisar también la propia planta de los ministerios, que en la mayoría de los casos deben replicar estructuras en cada región.
Cabe no perder de vista que la experiencia indica que cuando se crea un ministerio, su naturaleza intrínseca los lleva a buscar expandirse en el tiempo. Al revisar lo que ha ocurrido con reparticiones de reciente creación, se observa, por ejemplo, que el Ministerio del Deporte ha aumentado su planta en más de tres mil ochocientos funcionarios en la última década. Y una vez creadas estas estructuras, pensar en su racionalización se torna una tarea muy difícil de concretar. Baste pensar en la iniciativa que buscó llevar a cabo el segundo gobierno del Presidente Piñera, donde se buscó la fusión de los ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales, lo que desató una batahola que terminó frustrando este intento.
Este apetito por el aumento de personal se ve potenciado por el marco que rige a la administración pública, donde los requisitos de entrada presentan amplias dosis de discrecionalidad, sin que haya un estricto control de la idoneidad profesional o de la pertinencia de crear cargos, a lo que por supuesto se suman las férreas barreras para remover funcionarios públicos, lo que hace más rígidas la estructura de las plantas. Este conjunto de antecedentes muestra lo lejos que estamos de una verdadera modernización del Estado, y donde el debate debería ir mucho más allá de cuántos ministerios tenemos, abordando la estructura administrativa de estas reparticiones junto con una reforma al Estatuto Administrativo.
