Chile frente al tercer mandato de Maduro

Este viernes, Nicolás Maduro se prepara para asumir su tercer mandato presidencial, y lo hará carente de toda legitimidad democrática, luego del grotesco fraude electoral que el chavismo llevó a cabo el pasado 28 de julio, desconociendo el triunfo que la oposición venezolana reclama respecto de su candidato, Edmundo González. El régimen nunca exhibió las actas electorales que demostraran el supuesto triunfo, pero en cambio la oposición sí logró organizarse de modo de lograr registro del 80% de dichas actas, donde González según dichos antecedentes se impuso de forma abrumadora. Producto del acoso y la persecución judicial, González tuvo que partir al exilio, pero ha prometido que este 10 de enero volverá a Caracas para tomar posesión del cargo -por estos días ha sostenido encuentros con algunos mandatarios de la región, además del Presidente de Estados Unidos-, una maniobra que pese a los apoyos políticos que pueda lograr, de momento aparece como un acto puramente simbólico.

El régimen de Maduro ha sido denunciado desde hace años por graves violaciones a los derechos humanos, prácticas que luego del fraude electoral se han intensificado gravemente, tal como ha documentado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, en tanto que un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que, además de verificar prácticas de “terrorismo de Estado”, concluye que “la crisis política y derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”, facilitando “el establecimiento de un régimen de facto”.

En ese marco, el grueso de la comunidad internacional ha coincidido en desconocer el triunfo de Maduro, y aunque algunos países han reconocido a González como el Presidente legítimamente electo, otros han preferido mantener distancia de esa postura, como ha sido el caso de Chile, donde la Cancillería ha sostenido que no le corresponde a Chile determinar qué candidatos son electos o no.

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha mantenido una línea clara respecto al régimen venezolano. Tempranamente puso en duda la legitimidad de dicho triunfo, exhortando a que el régimen mostrara las actas del supuesto triunfo, y luego abiertamente denunció un fraude electoral, lo que implicó que el régimen determinara el retiro de todo el personal diplomático de Santiago y el cierre de la embajada. Hace unos días el gobierno de Chile determinó poner término a la misión de su embajador en Venezuela, ante la decisión de Maduro de asumir el mandato pese al fraude electoral. Se ha evitado, eso sí, dar el paso de una ruptura de relaciones diplomáticas, porque todavía se necesita mantener algún tipo de puente con el gobierno venezolano -especialmente cuando hay miles de venezolanos en situación migratoria irregular- y porque no está en la tradición chilena el expediente de romper vínculos diplomáticos. Con todo, la decisión de no mantener un embajador aparece como una señal de coherencia ante la postura de no validar un régimen fraudulento.

También resulta pertinente que el país se abstenga de hacer una proclamación de González como presidente electo; además de no ser una medida que asegure algún efecto práctico -el anterior reconocimiento que parte de la comunidad internacional hizo de Juan Guaidó como presidente encargado así lo demuestra-, en un proceso electoral que fue viciado basta con desconocer el triunfo de Maduro.