Por Gonzalo Martner, economista y profesor titular de la Universidad de Santiago
El actual gobierno fracasó en lograr los avances que la sociedad chilena necesita -en especial un régimen de mayor protección social y una diversificación productiva basada en el conocimiento- por una razón bastante simple: nunca se propuso hacerlo. Al no tener, además, una mayoría parlamentaria que le permitiera llevar a cabo su política liberal (como revertir la tímida reforma tributaria de 2014 y desregular más el mercado de trabajo), terminó sin capacidad de actuar de acuerdo a su propia orientación. Y le estalló una rebelión social de gran magnitud que se venía incubando desde larga data, la que terminó con las instituciones de la transición y su lógica contra-mayoritaria. Tampoco ayudó al actual gobierno su gestión deficiente de la pandemia de Covid-19.
El gobierno que le precedió, por su parte, no logró avanzar lo suficiente en los campos mencionados, a pesar del programa reformador de la Presidenta Bachelet. Una parte de su coalición se lo impidió y boicoteó un plan de reformas muy razonables por una razón bastante simple: no lo compartía. Todo esto amplificó el descrédito de las opciones políticas tradicionales y generó una creciente falta de capacidad de gobernar y de mantener una integración social básica para canalizar la convivencia colectiva por cauces pacíficos.
El próximo período será inevitablemente de cambios. Estos serán institucionales, ya consagrados por el proceso de formulación de una nueva Constitución, en el que la derecha fracasó en mantener su poder de veto sobre la mayoría. Y también será de cambios del orden económico-social, pues la sociedad ya no parece estar dispuesta a tolerar los actuales niveles de desigualdad. Esos procesos requieren ser gobernados. No podrán serlo adecuadamente, a partir de marzo próximo, si se vuelve a tener gobiernos sin mayoría parlamentaria o de composición incoherente. En este sentido, es posible que el esquema de primarias ya definido contribuya a clarificar las opciones ante la ciudadanía, con una primaria de la derecha tradicional y otra de la izquierda del cambio social (Frente Amplio, regionalistas y comunistas), mientras las fuerzas moderadas de centroizquierda presentarán una o varias opciones a la primera vuelta. Hacia el final de año, la izquierda y la centroizquierda deberán pactar un programa de gobierno para cuatro años, ya sea que se incorporen o no al nuevo gobierno, bajo el supuesto bastante plausible que la derecha no remontará su actual caudal electoral.
La ciudadanía dirá quién será el nuevo Presidente (a), probablemente en un esquema que requerirá la conformación de una mayoría parlamentaria con disciplina y que nombre a un jefe de gobierno y lo acompañe en su gestión. En paralelo, lo más probable es que se realicen cambios constitucionales que refuercen el carácter social de la propiedad privada (en la línea de “la propiedad obliga” de la Constitución alemana) y la limitación de la libre iniciativa económica por el interés general. ¿Espera a Chile algún chavismo o emulación de la revolución cubana? Cualquier persona que revise los propósitos de las fuerzas políticas principales en Chile sabe que eso no será así, incluso en el evento que gane la elección la fórmula de la izquierda que se propone transformaciones sustanciales del orden existente.
Lo que sí ocurrirá probablemente es que el nuevo orden público económico desarrollará diversas formas de democracia económica. En una democracia económica los agentes productivos son plurales y actúan sujetos a normas públicas y regulaciones democráticamente establecidas, evaluadas y controladas. El subsuelo, el mar, el agua, el espectro radioeléctrico son bienes públicos y su uso puede ser estatal o concesionado temporalmente en condiciones de respeto del interés público. La asignación de recursos combina modalidades centralizadas y descentralizadas con precios de mercado y con precios regulados (salarios mínimos, tasas de interés, rangos de tipo de cambio, tarifas de monopolios naturales). Es una alternativa a la economía de libre mercado en la cual la actividad de producción y satisfacción de necesidades está orientada a la maximización de la rentabilidad del capital y a su acumulación ilimitada, independientemente de sus resultados sociales, distributivos y ambientales.
En los próximos cuatro años se avanzará probablemente a una recaudación tributaria que se aproxime al promedio de los países de la OCDE (34%) desde el nivel actual (21%) para que la protección social pueda aumentar después de los estragos de la pandemia y se disminuya la desigualdad de ingresos. Esta recaudación será, dadas las propuestas existentes, predominantemente progresiva (las personas de mayores ingresos o activos deberán pagar proporcionalmente más que las de menos ingresos o activos). Probablemente se acompañará de una negociación colectiva efectiva de las condiciones laborales. Una regalía a las exportaciones mineras permitirá generar los recursos para una diversificación productiva progresiva que encamine a Chile hacia una mayor capacidad industrial, un mayor dinamismo en la generación de empleos creativos y equitativamente remunerados, en procesos de producción circulares y descarbonizados. Las tarifas de los servicios básicos deberán reflejar su costo y deberá terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin suficiente calidad y extensión de la prestación a los usuarios.
El empresariado reacio a estos cambios debiera recordar que diversos países con modelos de este tipo se encuentran entre los de mayor PIB por habitante y calidad de vida. Y recordar lo que pasó con el plan de reformas y de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet: ayudaron a echarlo abajo y hoy muchos lo echan de menos. No deben dejar de considerar que, en medio de convulsiones y dificultades, la sociedad chilena ha ido buscando una salida civilizada a sus dilemas y cuenta con fuerzas transformadoras racionales. Los que desconfían de todo cambio debieran asumir que el país entró en una etapa distinta, la que no los amenaza como ciudadanos ni les impedirá seguir postulando su modelo de sociedad en condiciones democráticas, en las que manda la mayoría respetando a las minorías. Más aún, en su mejor interés, debieran contribuir al buen desarrollo de una nueva gobernanza democrática.
