China y la nueva ley de protección de datos personales
Marcelo Drago es ex presidente del Consejo para la Transparencia.
La República Popular China (RPC) no tiene comparación. Su tamaño y población, junto a su expansión económica sin pausa desde 1978 es tan abrumador, que los pasos que da truenan en cada rincón del planeta. Esa influencia la vemos crecientemente en Chile. El sector de generación y distribución eléctrica, bancario, minería, y ahora en la controversia que presenciamos por la pole position de una empresa de ese país en la licitación sobre producción de documentos de identidad de los chilenos.
Con fecha 20 de agosto, el gigante asiático aprobó lo que denominó la “Ley de Protección de la Información Personal” (LPIP). Primera vez en ese país se establece un conjunto exhaustivo de normas sobre la recopilación y tratamiento de datos personales.
Esta nueva regulación exige que las empresas obtengan el consentimiento de los usuarios antes de recopilar sus datos, y tiene normas sobre cómo deben garantizar su protección cuando se transfieren fuera de la RPC. Las empresas tecnológicas que manejan información personal deben tener una persona designada para supervisar su protección, y las empresas deben realizar auditorías periódicas para asegurarse de que cumplen la ley.
Además, la LPIP China señala que las empresas que tratan datos personales deben tener un propósito o finalidad clara y razonable para hacerlo, y deben limitarlo al “alcance mínimo necesario para lograr los objetivos” del manejo de dichos datos. Justamente todo lo contrario a lo que se hizo en Chile con la información personal de prácticamente todos los chilenos que Subtel entregó a una encuestadora.
Es una tendencia global. En 2018, entró en vigencia el histórico Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR). Este reglamento pretende dar a los ciudadanos de ese bloque un mayor control sobre su información personal.
La LPIP llega en un momento en que se intensifica el escrutinio normativo sobre las empresas tecnológicas de la RPC. En el primer semestre, Beijing tomó una serie de medidas contra gigantes tecnológicos nacionales, incluyendo la cancelación de la cotización de Ant Group, (por un valor de 34.500 millones de dólares), y la multa a Alibaba por 2.800 millones. La atención se centraba en la regulación antimonopolio y de la tecnología financiera. Pero en julio, el regulador abrió una revisión de ciberseguridad al gigante Didi. Esta tecnológica se vio obligada a dejar de registrar nuevos usuarios y su aplicación fue retirada de las tiendas chinas, reprochada por recopilar ilegalmente los datos personales. Medios como The Economist han reportado el sismo que representaron todas estas medidas.
Junto a la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Seguridad de Datos del país, la LPIP China cierra un sustantivo reforzamiento en su regulación de datos, con fuertes repercusiones en la forma de operar de sus gigantes tecnológicos. Ahora el foco está en los datos personales, por su importancia para la industria tecnológica, motor clave del crecimiento económico, junto a los gigantescos volúmenes de datos que recogen estas las empresas.
Cuando era presidente del Consejo para la Transparencia, un ex ministro de economía, miembro de un número considerable de directorios, me dijo en una actividad protocolar “no sé por qué insistes tanto en esto, esas regulaciones de protección de datos sólo frenan el desarrollo”. Que perdido estaba. Que perdidos estamos. China entendió que no se puede tener una economía digital sin una fuerte protección en el tratamiento de datos personales. Y de acuerdo a muchos especialistas, la economía digital estaba siendo determinante en la ralentización de su crecimiento.
Ya es oficial. A la larga lista de países delante nuestro en protección de datos, ahora se suma China. En una economía donde los datos son el combustible que alimenta su crecimiento, en medio de la cuarta revolución industrial, este atraso se traduce no solo en abusos a derechos fundamentales, sino también en subdesarrollo y pobreza. Chile no puede darse el lujo de perder posibilidades de crecimiento y desarrollo