Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar
Hace pocos días se dio a conocer la noticia del cierre de la Universidad La República, luego que la Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitara a la Subsecretaría la revocación del reconocimiento oficial de dicha institución, pues no estaría cumpliendo las condiciones mínimas que le permitían seguir funcionando, principalmente por presentar déficits financieros que la hacían insostenible.
Sin duda alguna, todo cierre de una institución es lamentable, perjudica a sus estudiantes y golpea al sistema en su conjunto, afectando la confiabilidad del mismo.
A pesar de ello, es necesario reconocer que el sistema está funcionando. Las amplias facultades que le fueron otorgadas a la SES le permiten identificar aquellas instituciones que presentan falencias, de manera de prevenir situaciones vividas como la de la Universidad del Pacífico o la Universidad Arcis, y con ello presentar un plan de cierre que tenga en especial consideración a los alumnos, de manera de minimizar los costos que tiene para ellos el cierre.
Estando en los primeros años de instalación de la SES, además de la aplicación de otras medidas como la acreditación institucional obligatoria, es lógico que se produzca una regularización del sistema y una adaptación tanto de las propias instituciones como del ente fiscalizador para insertarse en el mismo. Ahora bien, y teniendo en consideración el contexto de profunda desconfianza en que se discutió la Ley de Educación Superior, el cierre de esta casa de estudios no puede implicar un engolosinamiento por parte de algunos para ir detrás de las IES. Salvo excepciones, el sistema funciona, y funciona bien.
En esta línea, es fundamental que se plantee un equilibrio entre las amplias facultades que le otorgó la ley y el respeto de la autonomía de las instituciones, cuestión sin duda compleja, pues ya la propia normativa resulta bastante intrusiva. No se debe olvidar que la SES forma parte del sistema de aseguramiento de la calidad, cuestión que no es nada inocua. El objetivo último de la SES es la calidad del sistema, es decir, permitir el desarrollo y perfeccionamiento de las IES de manera de avanzar hacia mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Así la fiscalización que realiza dicho organismo debe ser en una relación de confianza y colaboración, buscando apoyar a las IES en sus procesos, y no con el fin de “pillar” si alguna institución ha caído en algún tipo de incumplimiento para echar andar la maquinaria de los procesos sancionatorios y eventualmente decretar su cierre -recordemos que esta debiera ser siempre la última alternativa.
En esto, se debe reconocer el trabajo que ha realizado la SES, sentando las bases para un trabajo colaborativo. Sin duda seguimos en un proceso de aprendizaje en la medida que el sistema avanza hacia una mayor accountability y transparencia, permitiendo una mayor confianza por parte de los estudiantes y sus familias.
