Por Catalina Marshall, investigadora postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, profesora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, UC
Es sabido que en Chile persiste una significativa brecha entre comunas y territorios, en cuanto a acceso a áreas verdes, espacio público de calidad, comercio, equipamientos y servicios. ¿Acaso se trata de un problema de cantidad de metros cuadrados de parques? ¿Bastaría con redireccionar fondos públicos para aumentar el número de plazas en comunas de bajos ingresos? La respuesta es no. Así lo confirman las agendas internacionales para el desarrollo sostenible, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que hacen especial énfasis en avanzar hacia ciudades inclusivas, que consideren las diversas necesidades de sus habitantes en el espacio público y en el acceso a edificios y equipamientos.
Si bien la reflexión de la inclusión es de larga data para personas que presentan alguna discapacidad física o que son mayores de edad, más recientemente se ha adquirido conciencia sobre otros grupos afectados, como las personas que cuidan a otros/as y quienes son cuidados; familias y niños(as). En el caso de Chile, estudios muestran cómo las mujeres, frecuentemente a cargo de la mantención y cuidado del hogar, se caracterizan por tener baja disponibilidad de tiempo y limitadas capacidades de desplazamiento urbano. Ello resulta en una movilidad diferenciada, acotada y vulnerable a fenómenos tan diversos como su lugar de residencia y la calidad del espacio público (Figueroa & Waintrub, 2015).
Sin ir más lejos, en las próximas semanas con el regreso paulatino a clases presenciales en el país, las familias se enfrentan a la necesidad de organizar el traslado de niñas, niños y adolescentes, lo que frecuentemente implica transporte escolar, metro, buses y/o vehículos. ¿Por qué niñas y niños no pueden ir caminando o en bicicleta de manera segura a su escuela? Nos hemos acostumbrado a que no es posible, pero las cosas pueden o debieran cambiar.
¿Entonces, cómo avanzamos en esta tremenda labor? La investigación internacional de carácter aplicada y con enfoque público evidencia que la accesibilidad inclusiva no depende solo de infraestructura urbana que facilite la accesibilidad y movilidad de los grupos en cuestión (Israel & Warner, 2008), sino que también se relaciona con la planificación urbana estratégica y normativa. Las personas con necesidades particulares de acceso requieren tener a su alcance una diversidad de servicios, equipamientos, transporte público, áreas verdes, lo que significa tener zonificación mixta.
De esta manera, la relación con la planificación urbana es clave. En Chile, una gran oportunidad para empezar a incluir lineamientos de accesibilidad inclusiva con perspectivas de cuidados y género son los futuros Planes de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEPs) de escala comunal e intercomunal. La clave sería que la cartera de proyectos ligada a los planes considere las necesidades diversas de la población a la que servirán, y que estos proyectos cuenten con una buena localización con respecto a o bien se conecten al transporte público. Los proyectos pueden incluir ciclovías seguras pensando en rutas cercanas a colegios, equipamiento público que incluya baños públicos de calidad y bien mantenidos, rampas de acceso a espacios públicos existentes, solo por nombrar algunos.
Esperemos que los y las planificadores a cargo del desarrollo de los PIIMEPs, como también las autoridades locales, que serán electas próximo 11 de abril, a cargo de su aprobación, puedan considerar los planteamientos básicos de la accesibilidad inclusiva, y desarrollar instancias de participación ciudadana para recoger observaciones y sugerencias, de modo que podamos cuidar de que todos(as) puedan disfrutar la ciudad.
