Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar
En las últimas semanas, grupos de padres han presentado recursos de protección en contra de los colegios, pues estos estarían incumpliendo los contratos educativos, y por tanto no debieran seguir cobrando los aranceles. En su mayoría, estos recursos han sido declarados inadmisibles y el caso del colegio de Temuco, en donde se dio orden de no innovar, fue dejado sin efecto.
Para los establecimientos, dejar de impartir la educación presencial ha sido un imperativo. La Pandemia -que ha afectado al país entero- constituye un hecho fortuito o fuerza mayor, y, por tanto, se entiende que siguen cumpliendo con su obligación de entregar el servicio educacional al hacerlo de manera remota, por lo que la obligación de pago para los padres se mantiene (distinta situación a quienes han sufrido los efectos de la crisis económica y en cuyo caso lo ideal sería llegar a acuerdos).
No se puede obviar la difícil situación que han debido afrontar los padres. Cumplir con el trabajo, las labores de la casa y además ser profesores de sus hijos, especialmente en el caso de quienes tienen niños pequeños. Sin embargo, al mismo tiempo mantienen altas expectativas de la labor que debieran realizar los colegios y demandan cierta normalidad, en circunstancias que ello hoy se hace imposible. Precisamente, la situación ha obligado a adecuar tanto la carga académica como el tipo de actividades, para así atender a las condiciones del hogar a las posibilidades de los padres y el bienestar de los niños. Es imposible mantener el ritmo de una clase presencial, y eso lo debemos entender.
Por supuesto, ello no quita la responsabilidad que tienen los colegios en entregar la enseñanza -adecuándose a las circunstancias- de la mejor manera y dar continuidad al proceso formativo de los alumnos. En ello, el equilibrio no es fácil y no hay fórmulas únicas; al contrario, cada escuela debiera ser capaz de abordar las necesidades de sus familias y, para ello, la retroalimentación y comunicación es clave para llegar a acuerdos.
Con todo, la actitud de algunos grupos también revela un cierto sentido clientelista de la educación, lo que se refleja en una falta de compromiso y pertenencia al colegio y a la comunidad educativa que se construye en él, lo que se observa en cuestiones cotidianas, como son la relación con los profesores y directivos en el día a día, las expectativas que se esperan del colegio, que impiden una mirada conjunta.
Al contrario de lo que ha ocurrido, en momentos como los que vivimos, lo que se espera de las comunidades, especialmente de las educativas, dada la naturaleza de la misma, es la solidaridad de todas sus partes. Es de esperar que se genere un trabajo colaborativo entre todos sus miembros para apoyarse mutuamente en avanzar, generar las mejoras y adecuarse a la situación que vivimos.
