Por Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas UNAB
El precio del cobre subió fuertemente el último mes, por lo que políticos y figuras de izquierda proponen aumentar los impuestos sobre las empresas mineras. Las razones esgrimidas son que los chilenos tenemos fuertes necesidades (especialmente debido a la pandemia), que se podría recolectar muchísimo dinero y que el aumento del precio del cobre es solo suerte y, por lo tanto, traerá utilidades inmerecidas a sus dueños.
Los argumentos antes expuestos los podría dar cualquier persona sin preparación ni recursos para contratar especialistas. En contraste, una rápida revisión de literatura muestra que la decisión de subir impuestos en la industria de recursos naturales es compleja.
A nivel de beneficios, las rentas generales bien gastadas aumentan la productividad y el bienestar de la población, pueden aumentar la cohesión social y así bajar costos de paralización de obras, y mientras los niveles de impuestos sean “competitivos respecto a otros países” y estables, solo bajan la inversión de forma marginal.
A nivel de costos, subir impuestos a un sector específico aumenta la evasión (por informalidad o generando redireccionamiento de rentas a empresas de los mismos dueños), desincentiva la inversión si son oportunistas (las mineras sí evalúan escenarios de precios improbables, leer la literatura de teoría financiera “Opciones reales”) y mientras mayor sea el nivel de impuestos más se incentiva la corrupción.
También existen alternativas más sofisticadas a subir impuestos, como que el Estado sea socio de las empresas al aportar el yacimiento, o que el Estado invierta en exploración y después decida si explotarlas a través de una empresa estatal, vender o quedarse con opciones. La importancia relativa de estos argumentos depende de la realidad local: ¿somos competitivos tributariamente?, ¿es Codelco eficiente respecto a las mineras privadas?, ¿cuál es nuestro nivel de corrupción o el riesgo de que exista? Nuestros parlamentarios debieran conocer al dedillo toda esta discusión y presentarla de forma amigable a la población.
Lamentablemente, nada de lo anterior es parte del debate, generando dudas sobre la necesidad de contar con políticos profesionales. Los representantes nacen por la necesidad de tomar decisiones públicas de forma rápida, y la restricción tecnológica de estar físicamente en el lugar de la discusión. Como ejemplo, durante la independencia, los vecinos de Concepción no podían estar presentes en Santiago para negociar leyes, por lo que estos enviaban a alguien que actuara en su nombre. Esa restricción tecnológica desapareció: hoy podemos ver discusiones a miles de kilómetros desde nuestra casa a costo cero.
Por esto, ya no basta que nuestros diputados y senadores simplemente “estén en el Congreso en vez de nosotros”. Para justificar su existencia nuestros políticos deben cumplir un rol deliberativo, generando un debate de calidad que obligue a pensar en los costos, beneficios, riesgos y oportunidades de elegir entre caminos diferentes. Pero no es lo que observamos.
La realidad es compleja y por eso necesitamos representantes. Para legitimarse, los políticos deben mostrar que la política es desafiante. Si bastara con el sentido común, ni los políticos ni los partidos serían necesarios.
