Código de Aguas

Señor director:

Sara Larraín discrepa de su diario por opinar en favor del modelo privado de derechos de aguas, el que por siglos sustenta el desarrollo del país. Culpa al modelo por los aljibes en poblaciones rurales, por la calidad del agua en Vallenar y por la reciente crisis de Osorno. No parece considerar la posibilidad que el Estado tenga algo que ver en todo ello. La DOH, responsable política del diseño de los pozos del agua potable rural no previó que su profundidad soportara una sequía prolongada. Resultado: pozos colgados e inútiles. La DGA con el sobreotorgamiento de derechos contribuyó a la baja de los acuíferos (Informe Ciper). La SISS por su falta de fiscalización a las prácticas de Essal aportó a la inaceptable crisis en Osorno.

Resulta así evidente que el Estado "no ha dado el ancho" y para taparlo encontraron en el modelo un chivo expiatorio, sin dejar de pensar que haya sido una intencionada estrategia para intentar su descrédito. Celebra también la aprobación por la Cámara de la Reforma al Código de Aguas, aprobación que mereció varias reservas de constitucionalidad por flagrantes atropellos a la Constitución que, de no ser corregidas, deberán ser zanjadas por el TC.

La invito a que busquemos acuerdos dentro de la Constitución, para priorizar y garantizar por el Estado el agua para la bebida, el saneamiento y el cuidado del medio ambiente entre otros que interesan a la opinión pública y procuremos un incremento de capacidades de los entes públicos. Con un Estado fortalecido, permitamos el aporte de los privados para superar estas carencias y con resolución avancemos al desarrollo en un clima de certeza jurídica.

Patricio Crespo Ureta

Expresidente SNA