Chile experimentó un cambio importante en su composición social, con un crecimiento económico sostenido y buenas políticas públicas, generando una gran clase media que entre 2006 a 2018 creció del 43,2% al 65,4%. Es, sin embargo, una clase media que al pasar de los años se volvió frágil, de cristal, que colinda con la pobreza. La falta de integración, la distancia entre los ciudadanos y el Estado, las injusticias y la fragilidad de la vida diaria, produjeron una reacción que estalló en tres niveles: contra los ingresos (no me alcanza), contra el abuso (no me protegen) y contra los privilegios (no me dejan avanzar).
La mayoría de los chilenos se identifica con la clase media, que más que un segmento socioeconómico es una cultura que reconoce las dificultades de origen y el esfuerzo como palanca de desarrollo familiar. Es una cultura heterogénea con valores comunes como el mérito y el esfuerzo, y, también, con riesgos comunes (enfermedad, pérdida del empleo) y con sufrimientos comunes: clasismo de la élite, incomprensión de la autoridad y abuso del que está en una posición de poder. Todo lo anterior hace fracasar esa percepción de mérito y esfuerzo como mecanismo de superación.
¿Qué tenemos que hacer? Avanzar en una agenda social que incluya más ingresos, menos costos y mayores seguridades a las familias.
La agenda social liderada por el Presidente Piñera otorga recursos directos a quienes más lo necesitan (aumento de pensiones, ingreso mínimo garantizado, bono de ayuda familiar) , disminuye costos (rebaja de contribuciones y transporte público para adultos mayores, congelamiento de alza de servicios básicos, remedios más baratos, etc.) y aumenta seguridades (plan universal de salud, tiempo máximo en listas de espera, seguro catastrófico, término a discriminación por género y edad en Isapres). Es un esfuerzo urgente, sabiendo que necesitamos de una hoja de ruta más larga que lo haga suficiente.
En el Ministerio de Desarrollo Social queremos acompañar esta agenda social con reformas en cinco sentidos: medir mejor los factores que determinan la vulnerabilidad social, incidir mejor en la evaluación social de los programas incorporando variables relacionadas a la cohesión, terminar con el “comprahuevos” que afecta al ciudadano frente a los beneficios del Estado, focalizar mejor los programas públicos, y avanzar en regulaciones que terminen con los abusos en sectores vulnerables.
Debemos avanzar en mayores grados de cohesión social. No basta con reducir las disparidades en riqueza e ingresos; necesitamos sentir que somos culturalmente heterogéneos, pero que al final del día somos miembros de una misma comunidad; una comunidad que se sustenta en un supuesto básico de igualdad democrática, en que esfuerzo y merito se distribuyen de manera equitativa. Y, además, que entre el Estado y las personas existe una sociedad capaz de generar ese sentido común que puede catalizar demandas y generar visiones comunes.
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