En círculos intelectuales se ha librado un profundo debate sobre la génesis del Estado moderno y sus fines. Más allá de la opinión que, cada quién, pueda tener respecto al origen, propósito y sentido de la sociedad política, existe amplio acuerdo en que la principal razón esgrimida para su existencia sería la de otorgar seguridad a los miembros de la sociedad, en particular la de sus vidas. Es esta, en síntesis, la tesis de Hobbes (siglo XVII), autor de El Leviatán, pensador fundamental en la materia. La cesión de espacios de libertad por parte de los individuos al Estado se justificaría básicamente porque el segundo acumularía poder suficiente para imponerse a los primeros, superando así la condición de “guerra de todos contra todos” en que naturalmente se habría desarrollado la vida humana.
Mirado desde este punto de vista, el Estado de Chile se encontraría cerca de no ser capaz de cumplir con su cometido esencial. Siguiendo a los teóricos del “individualismo-estatalista” contemporáneo, cabría preguntarse ¿por qué razón la ciudadanía tendría que seguir subordinada a una entidad política a la que le ha confiado el “monopolio de la fuerza” para asegurar sus vidas -y propiedades-, si cada vez es menos eficaz para lograrlo? Se trata de una cuestión de alcance eminentemente práctico, no únicamente especulativo. Un Estado “fallido” en este campo parece -como consideraron Hobbes y otros- devolver a los individuos a su estado de naturaleza previo, haciendo retornar el resguardo de la supervivencia personal directamente a sus manos. Hay zonas del país, como La Araucanía, donde la población se encuentra inerme ante los agresores. El Estado las abandonó. ¿Sería éticamente reprochable que ella decidiese defender por sus propios medios, sus vidas, familias y bienes? ¡Estarían incumpliendo la ley!, cabría responder. Pero, ¿qué ocurre si ese marco político-jurídico ha dejado de cumplir su finalidad constitutiva? El asunto, como se aprecia, es nada trivial.
Ante el fracaso de la institucionalidad política, una alternativa a la autodefensa es que sean otras “organizaciones” las que, de facto, hagan valer su poder coercitivo, estableciendo el imperio de “su norma”. Es sabido que hay sectores urbanos donde la policía no entra. Sencillamente allí no prima el Estado de Derecho, éste ha sido abiertamente suplantado por las mafias. ¿Y Temucuicui?, por mencionar otra situación: se está ahí ante “un Estado dentro del Estado”, ni siquiera una ministra del Interior fue capaz de ingresar a sus confines. Y ¿las policías? Cuando quieren entrar son repelidas a balazos, mártir incluido.
Chile estatal se desintegra. Es evidente la urgencia (no solo retórica) de que las autoridades correspondientes se hagan cargo, en serio, de su primerísima responsabilidad: otorgar seguridad a los habitantes, velar por el cumplimiento del Estado de Derecho, apoyar y fortalecer a Carabineros y la PDI. ¿Será pedir(les) mucho?
Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía
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