Ad portas del segundo aniversario de la asunción del Presidente Gabriel Boric, para un balance calibrado, resulta preciso recordar qué Chile recibió en 2022 y en qué proceso nos encontramos como país.
Desde tal perspectiva, además del cruce de los dos procesos constitucionales -que sin duda marcaron el primer tiempo del gobierno-, el país se encontraba sumido en una crisis económica y humana producto de la pandemia, y en una crisis migratoria agravada por la irresponsabilidad del gobierno anterior, que alentó la masiva llegada de ciudadanos venezolanos sin una correcta planificación. Además, el problema del crimen organizado y la inseguridad se encontraba en vertiginoso ascenso y la convivencia sensiblemente erosionada.
En estos años, hemos transitado por distintas fisonomías del malestar social. Desde la revuelta de octubre de 2019, pasando los estragos de la pandemia, hasta las frustraciones por el fracaso constitucional. Hoy, el malestar tiene como expresiones predominantes la percepción de inseguridad y de estancamiento, así como el acumulado de profunda desconfianza que se ha ganado la política.
A su vez, y al igual que administraciones anteriores, el gobierno ha debido afrontar catástrofes naturales y producidas. Ello no solo ha supuesto actualizar la capacidad del Estado en términos de gestión, sino también en recursos y planificación. Reconstruir no puede ser volver atrás, debe ser una oportunidad de desarrollo y dignidad para miles de compatriotas. En eso, el gobierno ha abierto un camino.
En el campo de las reformas y, por tanto, del programa y sus priorizaciones actuales, los intentos por producir avances en materias que arrastran largas deudas, como las pensiones, han tenido notorias dificultades al chocar con una oposición decidida a bloquearlas, no solo por la reafirmación de sus dogmas sobre el modelo económico -diferencias legítimas en política-, sino porque la falta de proyecto les hace encontrar unidad en trabar las iniciativas del Ejecutivo.
Desde luego, han habido falencias en las propias fuerzas de gobierno, desde la priorización táctica del primer proceso constitucional, las tensiones en la alianza que lo sostiene, los casos de corrupción, a decisiones en el campo de las reformas. A pesar de aquello, ha sido un gobierno de avances en medio del desafío por normalizar el país con un Estado que hace tiempo que requiere de ajustes y con un sistema político deficiente. Por ejemplo, esta semana se logró aprobar la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que tuvo por antecedentes la aprobación de mecanismos de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar e individual en el marco de las 40 horas o los notorios avances en autonomía económica para las mujeres madres con el pago efectivo de la pensión de alimentos.
Viendo el panorama político, social y económico en su conjunto, se entiende por qué el gobierno ha debido concentrar parte importante de su gestión en normalizar al país y encaminarlo en una senda abierta de recuperación en materia económica, de seguridad y de convivencia. Han sido dos años de reconstrucción en todo sentido. Es relevante tenerlo en cuenta, toda vez que la oposición parece olvidar cómo entregó el país. Comprender esto es ineludible para realizar un balance que permita establecer perspectivas y desafíos, pero también asumir las dificultades que seguirán acompañando al gobierno.
El tiempo que viene no será calmo: dos elecciones, deudas abiertas y fuerzas políticas en reordenamiento peleando su hegemonía añadirán dificultades.
Por Camila Miranda, presidenta Nodo XXI
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