Por Agustina del Campo, directora del Centro de estudios sobre Libertad de Expresión de la U. de Palermo y vicepresidenta de la Global Network Initiative.
La reaparición de proyectos de ley y leyes que amenazan la libertad de expresión en materias de interés público es particularmente alarmante en América Latina. Los procesos de despenalización de la expresión de interés público fueron arduos y largos. Este proceso logró derogar en muchos países de la región los famosos delitos de desacato, la despenalización de calumnias e injurias y la garantía de acceso a la información pública, confiando en que la consolidación de las democracias latinoamericanas acompañaría y retroalimentaría el esfuerzo. Y en definitiva así fue: atendemos en la región a una mayor participación social en el debate público.
El derecho desarrolla la distinción entre personas públicas y privadas y sostiene que las primeras han de tener un margen de tolerancia más amplio frente a expresiones que posiblemente impacten en sus derechos a la intimidad, reputación o buen nombre. Esta distinción no se basa en atributos personales sino en el cargo que desempeñan; y este margen de tolerancia se debe a la exposición que estas personas tienen voluntariamente, por su conducta (celebridades) o por su función (funcionarios públicos electos y otros con responsabilidades importantes para el desarrollo de la cosa pública). Debe poder decirse más sobre estas personas de lo que admitiríamos respecto de otras.
Conocer y poder juzgar lo que nuestros representantes hacen y dicen, cómo fundamentan sus políticas públicas, como piensan la cosa pública, es parte esencial del ejercicio democrático, sin el cual no existe posibilidad de control, de rendición de cuentas o incluso en el sentido más restrictivo de la democracia, de un proceso electoral válido.
Por la atención que merecen los funcionarios públicos, tienen también ciertas obligaciones sobre su discurso: pronunciarse con verdad y certeza en ciertos temas; abstenerse de ciertas expresiones. En definitiva, el sano funcionamiento de una democracia supone el acceso del ciudadano común a las acciones y expresiones de sus representantes y exige el cumplimiento de esos estándares por parte éstos.
Si entendemos la democracia como una conversación entre iguales, hoy menos que nunca podemos admitir que aquellos que tienen más responsabilidades sobre las cuestiones de interés público tengan mayor protección frente a la crítica que otras. Muy por el contrario, hoy más que nunca se hace necesario garantizar mayor acceso a la información y crítica de los funcionarios públicos.
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