Columna de Alberto Amon: Cargos políticos de confianza: ¿Es suficiente la confianza presidencial como criterio de selección?

Son muchos los ejemplos en que los ciudadanos nos hemos visto sorprendidos cuando en los gobiernos nombran a personas en cargos de confianza que más que por su idoneidad o mérito parecen premios de consuelo por no haber ganado una elección o por haber dejado el cargo que ejercían y no poder ir a una reelección, o simplemente por cercanía personal o para pagar cuotas a los partidos de gobierno, como los recientes y bullados nombramientos de Carolina Leitao, exalcaldesa de Peñalolén, nombrada subsecretaria de Prevención del Delito, y de Emilia Ríos, exalcaldesa de Ñuñoa, nombrada subsecretaria de Deporte.

Es claro que un Presidente o una Presidenta tiene que contar con un equipo de colaboradores de confianza que esté alineado al proyecto de gobierno y que lo impulse con convicción. Sin embargo, no hay que olvidar que las decisiones de estas figuras de confianza impactan directamente en la vida de millones de personas, por lo que surge una pregunta importante: ¿es suficiente la confianza presidencial como único criterio de selección?

Los nombramientos de cargos de confianza se realizan sin procesos formales de selección como a los que están sometidos la inmensa mayoría de los trabajadores, y que garanticen la idoneidad técnica y emocional de los designados. Esto ha generado episodios cuestionables. Por ejemplo, en 2023, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, renunció tras críticas por el mal manejo de indultos presidenciales, lo que evidenció fallas de competencias para un cargo de tal responsabilidad. O la gestión de la Junaeb con el retraso inaudito de entrega de los útiles escolares, y el reciente caso en desarrollo del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por el delito de violación e investigado por infracción a la Ley de Inteligencia.

Este modelo discrecional no solo pone en riesgo la eficiencia de la gestión pública, sino que también tiene impacto en la confianza de la ciudadanía que se desalienta y percibe que los políticos trabajan más por intereses personales o partidarios que por el bien común. Según la Encuesta de la OCDE sobre “Los motores de la confianza 2024: Chile”, solo el 30% de los chilenos declararon una confianza alta, o moderadamente alta en el gobierno, lo que está por debajo del promedio de la OCDE de 39%.

No se trata de quitar la facultad del o la gobernante de seleccionar a su equipo de confianza, pero sí impulsar un acuerdo entre las fuerzas políticas para profesionalizar la selección, en que pueda existir formalmente un comité asesor presidencial independiente para evaluar los candidatos propuestos para los cargos por el Presidente o Presidenta y puedan tomar la decisión final informada y con evidencia, lo que además debe ir complementado de una legislación más exigente con requisitos de formación y experiencia mínima, e incorporar test psicométricos y psicológicos para al menos los cargos claves de: ministros, subsecretarios, directores de empresas estatales y embajadores. Y algo muy importante, que las evaluaciones de desempeño sean públicas para esos cargos de confianza.

Cada vez y con más fuerza la ciudadanía demanda mayor profesionalismo y transparencia en la gestión pública. Implementar procesos de selección basados en méritos y evaluaciones psicológicas no solo mejoraría la capacidad técnica del Estado, sino que también enviaría un mensaje claro: los intereses generales del país deben primar sobre las conveniencias políticas.

En un contexto donde las falencias en el liderazgo pueden tener consecuencias graves, como la pérdida de vidas, empleos y deterioro de la confianza en las instituciones, ¿no deberíamos garantizar que quienes toman decisiones críticas estén capacitados y emocionalmente aptos para asumir esa responsabilidad? La confianza es fundamental, pero debe complementarse con competencias sólidas y demostradas.

Por Alberto Amon Jadue, Facultad de Ingeniería y Empresa UCSH