Columna de Alejandra Krauss y Alexis Cortés: Por una reforma política transversal
El divorcio entre política y sociedad en Chile es una brecha que cada día crece más. De ahí, el creciente consenso de que el país requiere una reforma política transversal que contribuya a reconectar lo social y lo político y mejore la calidad de nuestra democracia.
Haciendo eco de esa necesidad y cuya preocupación compartimos, un grupo de senadores del PS, PPD y Chile Vamos han presentado un proyecto de reforma constitucional para abordar ese desafío. Sin embargo, dicha propuesta se reduce más bien a una reforma electoral acotada (umbral, redistritaje y pérdida de escaños) y además no ha sido lo suficientemente transversal para asegurar su aprobación, pues importantes fuerzas políticas no fueron parte de la iniciativa. Si buscamos construir mayorías no parece una buena noticia partir excluyendo a algunos en la construcción de acuerdos sobre mínimos comunes con un diagnóstico compartido.
A su favor, el proyecto de reforma constitucional se apoya en propuestas que fueron parte del Anteproyecto de la Comisión Experta, texto que ha sido valorado justamente por la transversalidad de quienes lo aprobamos de modo prácticamente unánime. Ahora bien, creemos que el espíritu de ese acuerdo no se puede transferir mecánicamente a la propuesta hecha en el Senado, pues lo que se pone sobre la mesa son medidas parciales que se enmarcaron en un acuerdo más amplio e integral que incluía aspectos sustantivos que han sido excluidos de este debate.
El anteproyecto incluía, en su capítulo III sobre Representación y Participación, un articulado robusto, acorde con los desafíos que las democracias modernas requieren, en materia de participación política con foros de deliberación con participación aleatoria, con órganos estatales que deberían garantizar dicha incidencia, con iniciativa popular de ley y de derogación de ley. Introducir mayores grados de deliberación y participación de la ciudadanía podría ayudar a mejorar y ampliar la calidad de nuestra democracia, oxigenando un sistema político cada vez más descompuesto.
Por otra parte, el anteproyecto aseguraba el acceso igualitario de mujeres y hombres en los cargos de elección popular, garantizando el ejercicio de la participación política de la mujer. Y, aunque no se logró acordar una norma sobre escaños indígenas, dicha propuesta constitucional reconocía a los pueblos indígenas como parte de la nación, así como sus derechos individuales y colectivos en tanto tales. Sin embargo, ni la paridad ni el reconocimiento de los pueblos originarios han sido parte de este nuevo debate.
Finalmente, la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho iba de la mano de un reequilibrio de las relaciones laborales, a través de la inclusión de la libertad sindical en su integridad, terminando con discriminaciones injustificables como las inhabilidades de los dirigentes sindicales y sociales para ser candidatos en elecciones populares. Para el buen funcionamiento y valoración ciudadana del sistema político en su conjunto, se requiere un sistema de protección social soportado en un Estado Social y Democrático de Derecho con sus derechos sociales debidamente consagrados.
Este debate no se puede restringir a lo aprobable en este Congreso. El anteproyecto de la Comisión Experta mostró que la política es capaz de lograr acuerdos y progresar, cuando los objetivos son claros, declarados y compartidos.
Por Alejandra Krauss, ex comisionada experta por el PDC y Alexis Cortés, ex comisionado experto por el PCCH.
