Un tratado internacional adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1994 y ratificado por nuestro país dos años después, guió al juez Mario Cayul, en la argumentación para dictar la prisión preventiva contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el 20 de noviembre.
Se trata de un instrumento pionero, que consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y en el privado. Un tratado vinculante, que otorga un mandato claro a los Estados parte (36) para combatir este flagelo, que compromete la integridad física, psíquica, moral y la seguridad personal de quien es víctima.
La gravedad de los presuntos delitos que la fiscalía investiga y que involucran al hombre que fuera, hasta hace poco, el máximo responsable de la seguridad en Chile -abuso sexual y violación contra una funcionaria del Ministerio de Interior- convenció al magistrado de decidir la medida cautelar, utilizando en su argumentación la convención Belém do Pará. Ésta define la violencia contra las mujeres como una vulneración de sus derechos humanos: “El carácter de este tipo de agresiones sexuales está generalmente relacionado con su actitud para afectar real o potencialmente a la víctima tanto en el plano físico, psíquico, conductual y emocional”, fue uno de sus argumentos.
A la espera del esclarecimiento de los hechos y del desarrollo de un juicio, este impactante caso ha permitido a la opinión pública conocer con mayor detalle el acuerdo interamericano que es parte del derecho interno de Chile. Según reporta el mecanismo de seguimiento (MESECVI), entre 2018 y 2021 fueron 54 las decisiones judiciales que se ampararon en el texto de la convención.
Belém do Pará también ha dado el marco a la Ley de Violencia Integral (2024). Tras siete años de discusión, en ella se establecen nueve tipos de violencia, también el deber del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; garantizar su acceso a la justicia y crear un sistema de gestión integral para cada uno de los casos que se denuncien. Todo ello es el comienzo de un abordaje complejo que demanda una institucionalidad fuerte y preparada.
Porque en Chile, una de cada cuatro mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y el miedo lo enfrentan cotidianamente. Un estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2022) describe que sus temores se deben principalmente a la desprotección y al peligro de otros y de sí mismas; y también a las amenazas y peligros del entorno relacionados principalmente con acoso y la violencia sexual, tráfico de droga en sus barrios; robos a viviendas y asaltos callejeros.
Por todo lo anterior, sigue siendo necesario que exista un Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre y los 10 días de campaña global de concientización que le siguen como un llamado a renovar compromisos y exigir medidas concretas para prevenir y proteger a las víctimas. Porque cuando hablamos de sanción y reparación, es que hemos llegado demasiado tarde.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
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