Columna de Alejandra Sepúlveda: Cuidado: el cuarto pilar de la protección social

El proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados avanzó en el Congreso, al ser aprobado en general y por unanimidad por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara. Éste busca corregir una de las mayores brechas de género vinculadas a la distribución desigual de esta actividad que es productiva, esencial para la vida y aun así poco reconocida.

En Chile, el Trabajo de Cuidados No Remunerado representa el 26% del PIB ampliado (B. Central 2021, ComunidadMujer 2020) y es realizado en un 72,4% por mujeres. Estas suman 3 millones 808 mil horas anuales dedicadas a esta labor frente al millón 455 mil de los hombres (ENUT, 2015).

Quienes cuidan tienen menos oportunidades de empleo remunerado y formal, lo que aumenta su vulnerabilidad económica y limita su acceso a la protección social. Resulta claro entonces que regular e invertir en cuidados contribuirá a la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos, especialmente el económico, elevando su participación en el mercado laboral -hoy en 52,6%- y con ello el ingreso de las familias. Más aún, esta es una medida que impulsa el crecimiento del país: cada punto de aumento de participación femenina se traduce en un incremento del PIB de 0,5% (Clapes UC, 2020).

Sin embargo, la organización social de los cuidados nos desafía a resolver algunas tensiones: primero, considerar esta labor como un deber exclusivo de la familia, porque ello profundiza una distribución injusta, basada en la división del trabajo por género. Segundo, centrar el cuidado solo en la maternidad, lo que refuerza un modelo de familia tradicional (padre proveedor, madre cuidadora) y oculta las necesidades de personas mayores y con distintos grados de dependencia o discapacidad. Tercero, los mandatos débiles al Estado tampoco aseguran los derechos de quienes cuidan o son cuidados.

Por esto, es esencial avanzar en la construcción de un sistema de manera gradual y progresiva. De este modo, el actual “Chile Cuida” se verá fortalecido por una ley marco, para que trascienda los gobiernos de turno como lo que debiera ser: el cuarto pilar de la protección social, uno que reconoce el derecho al cuidado y orienta su acción bajo el principio de corresponsabilidad social, respondiendo así a las necesidades de las personas a lo largo de su vida.

Sería equivocado considerar que este sistema cuestiona los vínculos familiares y emocionales entre quienes cuidan y son cuidados. Por el contrario, permite a las familias tomar decisiones libres sobre el cuidado y desarrollarlo en mejores condiciones. Por lo mismo, es una política pública que debe avanzar sumando a todos los actores responsables: el Estado, comunidades, mercado y sociedad civil.

Será clave, entonces, que el sistema garantice eficiencia y evite duplicidades, priorice la oferta programática, aproveche lo que ya existe y desarrolle lo necesario. Con la ley de cumplimiento tributario aprobada, un 2% de la recaudación proyectada en 2025 (US$ 1.200 millones) se destinará a centros de cuidado. Esta es una carrera larga, pero indispensable e ineludible.

Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva ComunidadMujer