Columna de Alejandra Sepúlveda: Educación: urgencia y emergencia

Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer

El 2022 auguraba un masivo regreso a clases. Sin embargo, el altísimo e inesperado ausentismo que se mantiene está encendiendo todas las alarmas. Después de dos años de interrupción de la educación presencial, que según investigaciones retrasó hasta en cuatro años los aprendizajes, este derecho fundamental continúa en jaque.

Así, el “desenganche” de miles de estudiantes de su proceso educativo volvió al debate público esta semana por el regreso de las vacaciones escolares extendidas y las dramáticas cifras que el Mineduc puso sobre la mesa: de la matrícula total del país, el registro de inasistencia “grave” se duplicó de 2019 a la fecha en todos los niveles de la educación y regiones del país, pasando de 20% a 39%, lo que representa a 1.254.253 estudiantes. De ellos, 148 mil tienen una asistencia inferior al 50%. En el caso de las y los preescolares, el 64% presenta inasistencia grave.

Para dimensionar la crisis hay que observar los estándares de países desarrollados, que identifican como “inasistencia crítica” que un/a estudiante falte el 10% del año escolar -8 días al semestre-, considerándolo de alto riesgo de exclusión. También está calculada la pérdida de años de aprendizaje, según la cantidad de semanas sin clases presenciales: un año de colegios cerrados equivale a dos de retroceso.

En Chile, el criterio parece más flexible: directoras/es de 1.313 escuelas -15,3% del total del país-, consideran ausentismo “alto” el 20%, según la Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional en Pandemia (Mineduc, PUC y U. de Chile), la que reporta que la asistencia promedio diaria en junio fue de 68% -menos que en abril y mayo- por razones de salud, la falta de compromiso familiar, el temor al contagio por Covid-19, problemas socioemocionales, entre otros.

Estamos frente a una catástrofe, como advierten los y las expertos. Lo acuciante es evitar la exclusión escolar, que tiene fuertes componentes de género, y cuyo riesgo aumenta por factores individuales, familiares y del sistema escolar, como son el desempeño escolar, motivación y compromiso del estudiante, el nexo con la escuela y uso del tiempo libre; el involucramiento de padres/madres o apoderados/as en el proceso de aprendizaje, el nivel socioeconómico del hogar, su entorno y exposición a violencia y narcotráfico; los recursos disponibles por el establecimiento escolar, la relación estudiante-docente y el entorno comunitario (ComunidadMujer, 2021).

Para hacer frente a esta situación, la cartera de Educación presentó este martes un plan de trabajo para la presencialidad plena, que incluirá: reportabilidad de los niveles de asistencia de estudiantes, identificando alertas caso a caso; convocatoria de un diálogo amplio con los actores del sistema; desarrollo de una campaña comunicacional y entrega de recursos pedagógicos para docentes y comunidades.

Hay mucho que medir y mucho que remontar. El camino es largo pero urgente y la política pública es un buen e indispensable primer impulso para evitar seguir comprometiendo el futuro y las oportunidades de estas generaciones.