Columna de Alejandra Sepúlveda: El costo laboral y económico de la violencia doméstica

La violencia doméstica es una de las expresiones más amenazantes y extendidas de la violencia contra las mujeres, cuyo impacto sobre el desarrollo socioeconómico de los países ha sido permanentemente invisibilizado. No obstante, ONU Mujeres estima que este costo asciende aproximadamente al 2% del PIB mundial. De ahí que su abordaje desde la política pública y también desde el mundo del trabajo sea uno de los aspectos más desafiantes.

En ese contexto, la Ley de Presupuestos 2024 aprobó un gasto de $23.591 millones para el ítem de “Prevención y atención de violencia contra las mujeres” del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lo que representa el 0,03% del gasto nacional.

En tanto, el Convenio 190 de la OIT, que entra en vigor en junio próximo y cuyo primer hito en Chile es la recién promulgada Ley “Karin” -para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo-, permitirá también reconocer los efectos adversos de la violencia doméstica y el aporte que los empleadores pueden hacer, avanzando hacia una cultura de prevención, seguridad laboral y apoyo a las víctimas, que las empresas certificadas en la norma chilena 3262 ya se comprometen a realizar.

Las cifras hablan por sí solas: el 41,4% de las mujeres en edad activa (15 a 65 años), residentes en zonas urbanas, señala haber sufrido violencia doméstica/intrafamiliar en algún momento de su vida (ENVIF-VCM 2020), principalmente a manos de un hombre.

Dichas experiencias de vida dolorosas también afectan al empleo, comportan riesgos financieros y psicosociales, impactan en la productividad, el clima laboral, la seguridad, la salud y el bienestar personal.

¿Qué medidas se pueden implementar para mitigar los efectos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo? A la luz de la experiencia de países como España, Canadá, Argentina y Uruguay, y de la recomendación 206 del Convenio 190, proponemos avanzar en su consideración como un factor de riesgo psicosocial en el trabajo; también en la implementación de licencias por violencia doméstica/intrafamiliar que otorguen un soporte a las mujeres que deciden denunciar situaciones de este tipo; incentivar buenas prácticas de prevención, detección y atención con foco en las víctimas y trabajar en iniciativas socioeducativas que promuevan los espacios laborales como entornos donde se reflexiona sobre conductas y sistemas de creencias que están a la base de la violencia de género, como una forma también de resocialización de las masculinidades (ComunidadMujer 2024).

Es claro que la incorporación y el desarrollo de las mujeres en el mundo laboral post pandemia mantiene enormes desafíos y una baja participación (52,2%) que esconde realidades socioeconómicas y vitales disímiles. No podemos ignorarlas por muy difíciles e incomodas que sean.

Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer