Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
Esta semana se empezó a visualizar un claro cambio de paradigma en las votaciones del Pleno de la Convención Constitucional. En particular, en relación con el Estado social, a través de la aprobación de un catálogo de derechos fundamentales a garantizar. Entre ellos, la vivienda, salud, seguridad social y -nuestra larga batalla- el derecho a los cuidados.
Así, se pretende una evolución desde el modelo de Estado subsidiario, donde los particulares son actores centrales en la satisfacción de los derechos sociales, a un Estado social que, bajo el principio de solidaridad, asume un mayor protagonismo y rol activo en la provisión de estos bienes, a fin de asegurar mínimos de igualdad para que las personas puedan alcanzar condiciones de vida digna.
Este ámbito, que se ha denominado el “corazón” de la nueva Constitución, trae noticias muy esperadas por la ciudadanía, incluso previo al estallido social, y, para algunos, marca el comienzo de “la campaña del Apruebo” en el plebiscito de salida. Aun así, se abren interrogantes necesarias de aclarar: ¿Todos estos derechos -bonitos en el papel- es factible garantizarlos? ¿El mayor rol del Estado anulará la iniciativa privada? ¿Cómo se asegurará su implementación? ¿Habrá gradualidad? ¿Se la podrá nuestra economía ante las crecientes demandas ciudadanas? ¿La política estará a la altura?
En lo inmediato, es estratégico favorecer acuerdos amplios en torno a las normas transitorias en la Convención. Porque no todo puede ser implementado ya y en simultáneo. Y, por cierto, dependerá de las posibilidades económicas del país.
Es clave, además, consagrar una institucionalidad que asegure que este Estado social actuará sobre la base de los principios de eficacia y eficiencia, probidad, transparencia, responsabilidad en la ejecución fiscal, sin hipotecar a las generaciones futuras y cuidando la estabilidad macroeconómica. Importa también un diseño del sistema político que dé equilibrio y gobernabilidad a esta agenda de reformas.
Resulta inverosímil pensar que este cambio de modelo nos lleve al estatismo, más allá de las aprensiones fundadas en la actual polarización y la incertidumbre que ha generado el proceso. Consagrar un Estado social de derecho supone, más bien, asumir los profundos contrastes socioeconómicos del país y que el mercado tiene fallas que han profundizado las desigualdades, la “sociedad de ganadores y perdedores”, que describe Michael Sandel en “La Tiranía del Mérito”. Por tanto, al Estado le corresponderá corregir, redistribuir y asegurar la provisión de los derechos sociales. Esto no borra la iniciativa privada, más bien la enmarca en ciertos principios, como el bien común. Porque lo cierto es que sin ella no podremos hacer realidad nuestro Estado de bienestar y asegurar un crecimiento sostenible.
No olvidemos que en nuestro horizonte está el corregir las desigualdades estructurales que afectan a grandes sectores de la población como las mujeres y niñas. Esto, sin lugar a duda, nos ayudará a alcanzar la paz social que necesitamos tan urgentemente.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.