Columna de Alejandra Sepúlveda: Junio de 2025: la promesa a cumplir

“No debiera pasar de mediados del próximo año para que esta reforma se convierta en ley de la República”. Con este compromiso explícito, el presidente del Senado y las ministras de la Mujer y de Trabajo, sellaron su participación en el seminario “Sala Cuna y Educación Parvularia: una hoja de ruta para su reforma y modernización”. Positiva y audaz respuesta al llamado que realizamos desde la sociedad civil, para avanzar con pragmatismo en la tramitación de dos leyes urgentes, capaces de generar un impacto positivo y duradero en el crecimiento del empleo femenino, la igualación de oportunidades para la niñez y el desarrollo del país.

Hay acuerdos. El primero, extender el derecho a sala cuna a todas las personas trabajadoras e independientes, con hijos menores de dos años, lo que desliga este costo de la contratación de las mujeres, estableciendo la corresponsabilidad efectiva. El segundo, darle a la reforma un enfoque educacional y de cuidados, con la modernización de la Educación Parvularia, para establecer altos estándares de calidad cumplir con el Reconocimiento Oficial del Estado (ROE), en sus nuevos plazos exigibles y en coherencia con la ley de garantías de la Niñez.

La reforma a la ley de sala cuna, en paralelo, incluye a la oferta pública -antes prohibida-, y a la oferta privada sin y con fines de lucro. Sin embargo, según la ministra Antonia Orellana, ambos tipos de establecimientos, “para cumplir la obligación del artículo 203 del Código del Trabajo y acceder al aporte del Fondo de Sala Cuna establecido en el proyecto de ley”, tienen que acceder al ROE. Hoy de los 3.723 establecimientos que reciben aportes del Estado, solo un 42,7% cuenta con ese reconocimiento. Hay acuerdo de que exigirlo es fundamental para implementar la reforma, pero hay voces que piden mayor gradualidad en el cumplimiento hasta llegar al plazo establecido en 2035.

En cuanto al financiamiento, este no parece ser muy elevado. Para asegurarlo, se crea un patrimonio independiente y separado del Tesoro Público, equivalente al 0,2% de cotización de todo trabajador y trabajadora, pagada por el empleador independiente del tamaño de la empresa -por ejemplo, mil pesos mensuales para quien gana el salario mínimo-. Este fondo solidario, se completa con aportes fiscales, en un monto que dependerá del ingreso de nuevos cotizantes al sistema y la demanda proyectada -si bien se estima en US$110 millones anuales-.

¿Qué nudos quedan por resolver? Entre otros, la cobertura del sistema o cómo alcanzar una oferta territorial y de horarios de atención amplia, compatible con la diversidad de necesidades y jornadas laborales de los padres, que atraiga a las familias a su uso (hoy la matrícula es de solo 18%). Por otra parte, el monto fijado en $271.124,37 para financiar el servicio por niño/a, dado que no parece suficiente, lo que será clave de dilucidar en el debate parlamentario que se viene.

Precisamente porque hemos recorrido ya un camino, aprendido de errores y superado vallas que parecían infranqueables, creemos que ahora sí podemos lograr la reforma. Junio de 2025 es la meta. Ya no hay excusas.

Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer