“Persiste una cultura machista”, declaró a este medio una apoderada del colegio San Ignacio El Bosque, que esta semana acaparó titulares por la denuncia de 20 niñas de séptimo y octavo básico por abuso sexual, hostigamiento y amenazas, dentro del establecimiento, de parte de alumnos de primer y segundo medio.
La historia se repite y se repite. Hace justo un año estalló la acusación de secundarias de liceos de Providencia que fueron amenazadas con ataques sexuales y la divulgación de fotos íntimas por alumnos del Lastarria. Se trata de episodios recurrentes de violencia sexual y acoso que, en 2018, motivaron a las universitarias a una movilización masiva en los planteles de todo el país, dando pie a una ola feminista que obligó a las universidades a tomar medidas, que luego fueron obligadas por ley.
Hoy se vuelve a levantar la alerta: necesitamos reformular la educación desde la infancia para que mujeres y hombres compartan relaciones sanas, respetuosas e igualitarias. Es parte de un derecho fundamental, que no puede seguir siendo transgredido. Porque tras el origen de estos comportamientos -y tal como afirmó la apoderada- está la enquistada violencia machista.
Algunas cifras: de las 1.213 denuncias ingresadas el 2022 a la Superintendencia de Educación relacionadas con temáticas relevantes para el enfoque de género, 858 refirieron a “situaciones de connotación sexual entre estudiantes”, lo que supone un aumento del 200% respecto de 2018 y 2019. Las principales afectadas son mujeres (61,7%) y la mayor proporción pertenece a educación básica y a colegios particulares subvencionados.
Hoy la prioridad es la reactivación educativa. Pero no se puede soslayar la importancia de una educación en afectividad y sexualidad integral, como nos recuerda el caso San Ignacio. Nuestro sistema escolar sigue rezagado. La ley sobre violencia escolar incorporó en 2011 dimensiones relacionadas con la convivencia y el desarrollo de estrategias para enfrentar el fenómeno. Pero siguen faltando herramientas normativas, curriculares, pedagógicas y laborales para construir espacios seguros.
En tal sentido, el proceso participativo realizado en todo Chile como preámbulo a una Política Nacional en Afectividad y Sexualidad, y que ya suma 330 mil personas de más de 4 mil establecimientos educativos, debería arrojar luces sobre las necesidades y su abordaje. Además, es parte de los compromisos del gobierno para este año la presentación de un proyecto de ley en la materia.
No sigamos tapando el sol con un dedo. Una educación no sexista constituye un factor protector para niños, niñas y adolescentes, pero también para equipos directivos, cuerpo docente y las familias, que tienen un rol clave que cumplir en la promoción y construcción de relaciones de género libres de violencia. Destinar esfuerzos decididos en educación, en todos sus ámbitos, es la mejor inversión social y de futuro que podemos hacer como país.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
