¿Hay un punto de inflexión en que los países toman las decisiones correctas o pierden el rumbo -o al menos un tiempo preciado- en la búsqueda de soluciones a sus problemas más acuciantes? Sí, y este parece ser uno de esos momentos críticos para Chile. Por ello, vale la pena levantar la vista, en medio de las múltiples crisis que enfrentamos, para acordar cómo avanzamos hacia otra etapa de desarrollo, poniendo por delante el bien común: una mirada larga, que no sucumba a los tiempos electorales y trascienda más allá de un gobierno.
¿Suena a buenismo? ¿A idealismo? La verdad es que, al revés, es lo realista de hacer, considerando que los problemas sociales que amenazan y frenan nuestro crecimiento y bienestar, aún no son solucionados.
Por eso resultó tan oportuno el llamado que hizo Icare, y su presidenta Karen Thal, en el encuentro Enade: “La conexión de la divergencia” a la “revolución de la colaboración”, a la articulación público-privada, al Presidente, autoridades y tomadores de decisiones a dialogar para encontrar las soluciones “a nuestros grandes problemas comunes”, sin eludir ningún tema: crisis de seguridad, reformas tributaria, de pensiones y de salud, los retos de la economía, la educación, el cambio constitucional, la crisis climática.
Lo cierto es que el diálogo -nos dice el Centro Nansen- no es un debate donde lo que importa es ganar el punto a un adversario. Al contrario, es escuchar activamente y comprender al otro, porque ese mayor entendimiento es el que sienta las bases de futuros acuerdos y negociaciones exitosas.
Ese fue el espíritu de los “diálogos por un pacto tributario”, convocados por Hacienda, que culminaron esta semana, y en los que participamos sociedad civil, la CPC, Pymes, fiscalizadores y expertos/as tributarios y académicos. Los seis encuentros se sistematizaron en 12 puntos. Entre ellos, que el pacto que se impulse avance en la progresividad del sistema, que resguarde el crecimiento económico y la inversión, dé estabilidad y certeza, establezca prioridades claras de mayor gasto fiscal para financiar demandas sociales, mejore la eficiencia de éste y disminuya la informalidad, la evasión y la elusión.
Entre las prioridades del mayor gasto hubo buena escucha a las propuestas de la sociedad civil, entre ellos ComunidadMujer, de fortalecer la Protección Social, con un Sistema Nacional de Cuidados, que considere a las personas mayores y dependientes, y el financiamiento de la reforma a la ley de Sala Cuna, que hoy -pese al consenso- sigue operando como desincentivo a la contratación de mujeres, es causal de brecha salarial y de discriminación para niños y niñas.
Ambas políticas van en la línea del crecimiento sostenible y lograrían desatar uno de los mayores nudos de la participación laboral de las mujeres, la disminución de la informalidad laboral y, por cierto, favorecer la inversión social destinada a la primera infancia. Es un ganar, ganar. Ahora es turno de la política y de los acuerdos.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
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