La fisonomía de los siete millones de hogares en el país cambió mucho en las últimas dos décadas y aunque tendremos que esperar los resultados del Censo para ahondar en estas tendencias, ya sabemos que la jefatura femenina aumentó a más del doble hasta representar un 47,7% (Casen 2022).
Este incremento es más significativo en los estratos de menores recursos, lo que explica la mayor incidencia de la vulnerabilidad social y económica en los hogares liderados por mujeres. Este fenómeno se relaciona principalmente con la monoparentalidad -un solo adulto a cargo-, la brecha salarial de género y la mayor informalidad laboral que ellas enfrentan.
Adicionalmente, observamos que estos núcleos familiares se encuentran en ciclos muy disímiles, aunque son cada vez más las jefas de hogar en edades reproductivas. De hecho, 1 de cada 10 infantes de cero a dos años reside en familias monoparentales nucleares lideradas en un 97% por mujeres y un 12% de ellos vive en situación de pobreza (Observatorio de la Niñez, en base a Casen 2022).
Esta realidad nos obliga a pensar en apoyos -más allá de la emergencia provocada por el mal tiempo y las miles de personas damnificadas en el centro sur del país- que sean permanentes para estos hogares con jefatura femenina cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer su demanda interna.
Aumentar sus capacidades y oportunidades pasa ineludiblemente por ofrecerles una oferta de apoyo a los cuidados institucionalizada y de calidad. De ahí la importancia de la iniciativa del Ejecutivo, de crear gradualmente el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con la aspiración de convertirlo en el cuarto pilar de la protección social en Chile (ComunidadMujer: “Agenda para la Igualdad de Género 2022-2026). Los primeros pasos han consistido en la coordinación de la oferta existente para cubrir necesidades de la niñez y adolescencia, las personas mayores, con discapacidad y las que cuidan. También la habilitación de los primeros 15 centros comunitarios de cuidados en 2024 y el envío al Congreso de la ley marco que regiría el sistema. Es claro que implementarlo de manera eficiente y robusta tomará tiempo -y probablemente varios gobiernos-, pero esta solución va en la dirección correcta y debiera concitar un gran acuerdo político transversal.
No es lo único por hacer. Debemos avanzar en la reforma a la Ley de Sala Cuna ya anunciada, quitando de las mujeres el mayor costo laboral de la maternidad, sus efectos en menores remuneraciones e informalidad laboral; garantizando también el desarrollo y educación infantil temprano. Por último, reducir la brecha de género en pensiones a través de una reforma que erradique todo tipo de discriminación hacia ellas, tanto por normas explícitas y/o las desigualdades estructurales del mercado laboral.
Nuestro llamado es a promover una organización social más justa de los cuidados y crear las condiciones materiales, institucionales y simbólicas necesarias para una sociedad sostenible e igualitaria.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
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