Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
Solo han pasado 11 días desde que la Convención entregó la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric, y ya hemos sido testigos de un desfile de misivas y compromisos políticos que apuntan a “aprobar para reformar” o “rechazar para reformar” en el plebiscito de salida. Una nomenclatura que, obviamente, no está planteada en la papeleta y que responde a un debate que no logra despejar las dudas de la ciudadanía respecto de los caminos que se abren a partir del 5 de septiembre.
La polarización y el tiempo excesivo que dedicamos a debatir, sobre todo del sistema político y la distribución de poder, nos aleja de los temas fundamentales para fortalecer la cohesión social de nuestro país, indispensable para la paz y la salud de la democracia.
El informe final del Consejo Asesor para la Cohesión Social, convocado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia del gobierno de Sebastián Piñera (2020), estableció 10 nudos problemáticos en la sociedad. Entre ellos, la disminución de la confianza institucional; el aumento de la percepción de la injusticia social, sobre todo en salud y educación; y la gran brecha en los ingresos.
Este documento también señala que en los últimos 10 años se han debilitado los vínculos sociales fundamentales y casi el 40% de las personas ha vivido malos tratos, atribuidos al machismo y clasismo. Entonces, ¿estamos priorizando adecuadamente los temas en el debate para dar respuesta a estos problemas y clarificar la propuesta constitucional? ¿De qué manera podemos aprovechar este momento histórico para conducir nuestro país hacia una sociedad sostenible, más moderna y desarrollada?
Se puede aventurar una respuesta mirando la realidad de nuestra sociedad. El informe establece que uno de los determinantes de la cohesión social es la equidad en la distribución del ingreso. El sentido de injusticia social aumenta cuando las personas de una sociedad viven segregadas en mundos totalmente distintos, y sabemos que Chile es uno de los países más desiguales de América Latina.
También, apunta el informe, son determinantes el diseño institucional de las políticas públicas, el grado de bienestar que producen y el nivel de inclusión a través de la participación. Vale decir, cómo se constituyen derechos sociales -con perspectiva de género-, qué rol cumple el Estado en ello y los espacios de incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la construcción del país.
El inédito camino de participación que hemos vivido los últimos dos años en Chile generó un precedente que difícilmente podrá dar pie atrás. Por eso, sea cual sea el resultado del 04/09, es impensado contemplar propuestas que vuelvan a meter este proceso constituyente entre cuatro paredes.
Es momento de dejar de lado el binarismo de izquierdas y derechas y conectar con los anhelos de la ciudadanía, para avanzar hacia un Estado de bienestar y una democracia paritaria y diversa. Nos tomará tiempo, pero es justo y necesario.
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