El tercer proceso constituyente comienza una etapa decisiva. Mañana la Comisión Experta recibirá el texto votado por el Consejo Constitucional para elaborar su informe con observaciones, en momentos en que la ciudadanía se inclinaría mayoritariamente por el rechazo a la nueva Carta Magna. Tendrán cinco días para acordar las observaciones que permitan alcanzar una propuesta que regrese al Consejo y que genere estabilidad y cohesión, representando a una mayoría, contrario a lo que se percibe hoy.
Las mujeres nuevamente estamos en el centro del debate por normas aprobadas que afectan nuestra autonomía, constituyen un retroceso y parecen contrarias a los objetivos de mayor justicia y equidad declarados en este proceso.
Uno de los llamados de alerta transversal vino de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos de las mujeres a la plena ciudadanía e igualdad política, social y laboral. Entre otros, preocupa que se haya debilitado la norma que permite el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales (Art 4.2) y suprimido la norma transitoria que delegaba a la ley asegurar una composición equilibrada 60/40 del Congreso, por las próximas dos elecciones parlamentarias. Es decir: ir más atrás de lo que existe. La paridad no favorece a un sector ideológico por sobre otro, sino que contribuye de manera decisiva a derribar las barreras estructurales a la participación política de las mujeres y cuya evidencia es irrefutable.
Una segunda alerta es cómo quedó la norma de los cuidados en el texto, luego de que el pleno rechazara la IPN de ComunidadMujer, el Núcleo Constitucional de la U. Alberto Hurtado y Yo Cuido (entre las 10 más apoyadas por la ciudadanía). El Consejo solo conservó el reconocimiento al valor de los cuidados, con un débil mandato al Estado (Art. 14 bis) y, en todo lo demás, acrecentó los problemas que se aspiraba a transformar, al dejar los cuidados como deber exclusivo de la familia, profundizando su desigual distribución: en Chile, el Trabajo de Cuidados No Remunerado es realizado en un 72,4% por mujeres, representando el 26% del PIB ampliado (Banco Central, 2021).
Pero, además, el texto reconoce la maternidad como el único espacio de cuidados, cuando sabemos con creces que este no es solo infantil e involucra también a personas mayores o con condiciones que impiden su autovalencia. Refuerza, entonces, un solo modelo de familia y que solo la maternidad requiere apoyo del Estado.
Insistimos, por tanto, en la corresponsabilidad social, que no cuestiona ni se opone a los vínculos familiares, sino que permite sumar actores responsables del cuidado: Estado, comunidades, mercado, sociedad civil. Es “la” manera de tener una organización de los cuidados sostenible, con amplia participación y no solo desde la verticalidad del Estado, que responda a los cambios demográficos, sociales y culturales. El llamado es a escuchar, dialogar y acordar, para solucionar con determinación estos nudos que hoy nos aprietan.
Por Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de ComunidadMujer
