Chile lleva, al menos, 15 años discutiendo la necesaria reforma a su sistema de pensiones. Gobiernos de distinto signo han enviado, sin éxito, proyectos de ley y, ahora, el Presidente Boric propone al país transitar hacia un sistema mixto, que mantiene el pilar contributivo con capitalización individual (10% de cotización), crea un seguro social con un 6% adicional con cargo a los empleadores y aumenta la PGU hasta $250 mil pesos.
El debate recién comienza y desafía a un Congreso fragmentado a llegar a acuerdos a la altura de las expectativas y necesidades de la ciudadanía que, según diversas encuestas, mantiene la mejora a las pensiones como una de las principales preocupaciones y exhibe más apertura al mayor rol del Estado en su bienestar.
Uno de los puntos centrales a abordar en esta reforma es equiparar las desigualdades previsionales que experimentan las mujeres y que se traducen en una brecha en el valor promedio de las pensiones autofinanciadas de vejez en torno al 39% en 2021 (Superintendencia de Pensiones).
La evidencia es contundente: en los sistemas previsionales basados en la trayectoria laboral, salarial y contributiva, las mujeres registran una menor cobertura y perciben beneficios inferiores. En concreto, la capitalización individual ha introducido formas de discriminación directa e indirecta hacia ellas, a través del cálculo de pensiones sobre la base de tablas de mortalidad diferenciadas según sexo. También mediante la exclusión de las trabajadoras dedicadas a labores de cuidados no remuneradas (Cepal, 2019). La solución, por tanto, no puede continuar postergada.
ComunidadMujer propuso avanzar en un sistema que comparta el mayor riesgo de longevidad de las mujeres a través de un seguro con solidaridad intergeneracional, y, considerando el contexto nacional y la experiencia internacional, también planteamos el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados no remunerado que realizan principalmente las mujeres. ¿Cómo? Fortaleciendo el actual bono por hijo/a y la imputación de cotizaciones por el periodo que corresponda para cuidadoras/es informales de personas con dependencia severa que no pueden tener un empleo remunerado.
Es una buena noticia que el Ejecutivo haya acogido estas propuestas e incorporado, al menos, tres nuevos beneficios que podrían acortar la brecha de género en pensiones: la compensación por tablas de mortalidad, equiparando el valor de la pensión de hombres y mujeres con una misma cantidad de años cotizados y edad de jubilación; una bonificación por tareas de cuidados debido a periodos de inactividad derivados de esta labor; y un bono por maternidad, con el registro de 24 cotizaciones por hasta tres hijos/as nacidos o adoptados.
Según Hacienda, las pensiones de las mujeres podrían subir hasta un 50%, dependiendo de la densidad de cotizaciones y de ingresos. El debate legislativo no puede soslayar la situación de las mujeres y pasa necesariamente por introducir componentes explícitos de mayor solidaridad a la seguridad social.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
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