El domingo será la última noche del año en el calendario gregoriano, un momento para hacer balances y/o algún ritual de despedida de lo viejo y bienvenida de lo nuevo: dejar ir lo malo, agradecer lo bueno que nos pasó y persistir en las metas que nos acerquen a nuestros sueños. Este ejercicio de introspección vale para una persona y también para un país. ¿Cuál sería entonces el ritual de bienvenida del 2024 para Chile? Uno que permita superar la polarización de los últimos años, expresada en el fracaso de los procesos constitucionales plebiscitados en 2022 y 2023.
Sin embargo, la voluntad ciudadana expresada en las urnas, su sentimiento antipolítica, no significa quedarnos estancados, sino buscar los acuerdos transversales para dar respuesta eficaz a sus necesidades más urgentes.
Por eso, en este ritual, los tomadores de decisión debiesen invocar el bien común, ahí donde gobierno y parlamentarios de manera transversal puedan converger en una visión de largo plazo. Un ejemplo reciente de lo que se puede lograr mancomunadamente, es la aprobación de la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esta norma establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo para trabajadores/as del sector privado que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, de una persona con discapacidad o dependencia severa o moderada.
Se trata de un importante paso para el impulso de la participación laboral femenina, cuando más de un tercio (33%) de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, esgrime no poder conciliar una labor formal remunerada con responsabilidades familiares permanentes, mientras que, entre los hombres, este porcentaje apenas alcanza al 3,0%. Aquí está el principal desafío de cambio cultural que puede impulsar esta norma: entender que conciliación no es corresponsabilidad. Esta última exige una distribución de roles equitativa en las responsabilidades de cuidado, entendida en trabajo fuera del hogar y dentro de él.
Pero debemos aumentar la ambición. ¿Dónde ponemos la meta país para el 2024? Una de ellas debiera enfocarse en despejar las trabas estructurales para la mayor participación laboral femenina, equiparando los costos de contratación que en el caso de ellas son mayores, por las normativas vigentes de protección a la maternidad (ej, ley de Sala Cuna). La evidencia es amplia respecto de los efectos positivos que ello tendría, tanto por el mayor ingreso disponible para las familias y su bienestar, como para el crecimiento del país -según Clapes UC cada punto de aumento en participación, se traduce en un incremento del PIB de 0,5%.
El diagnóstico está claro hace más de una década, ahora falta consensuar el cómo. Porque “el estatus de la mujer en un país es el mejor predictor de la calidad de vida de todos”, tal como señala la destacada socióloga y escritora austriaca, Riane Eisler. Un sueño posible.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva ComunidadMujer
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