Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
Comenzaron los diálogos sociales para la reforma de pensiones, que serán un insumo importante para la discusión parlamentaria del futuro proyecto de ley.
Arribar a una solución con perspectiva de género y que entregue certezas a la población, es un deber que demanda acuerdos transversales amplios. Por tanto, cabe celebrar la decisión de partir este debate con diálogos tripartitos, en cada región del país, entre representantes de los trabajadores/as, empleadores y el gobierno, además de consultas técnicas con organizaciones.
Una de las novedades es que estos diálogos serán liderados por un Consejo Superior Laboral 2.0 -creado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet-, su actual presidenta, Silvia Silva de la CUT, y su vicepresidente, el timonel de la CPC, Juan Sutil, siguiendo una metodología de la OIT. Una señal auspiciosa que ojalá contribuya a alejar las visiones cortoplacistas que han imperado en la saga de los retiros del 10% de los fondos de las AFP.
¿Qué se busca? Dar un carácter de seguridad social a la reforma, bajo criterios como la suficiencia (una garantía mínima de pensión garantizada), solidaridad (intra e intergeneracional), equidad de género (a través del reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado y el fin de las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo) y la sostenibilidad financiera integral.
En materia de género, si bien existen políticas que podrían asemejarse a algún tipo de reconocimiento de las labores de cuidado, como el Bono por Hijo/a y la Pensión Básica Solidaria de Vejez, es claro que no alcanzan estándares de suficiencia.
Diversas iniciativas alrededor del mundo han buscado subsanar esta situación y pueden ilustrar la magnitud del desafío. En concreto, en el ámbito de protección social, ComunidadMujer ha propuesto poner atención, entre otros, a los créditos por cuidados en el sistema de pensiones. Este es un mecanismo de reconocimiento que se ha expandido y fortalecido, principalmente en Europa y más recientemente en América Latina, y que busca incrementar los derechos jubilatorios de las personas con trayectorias laborales que se han visto interrumpidas por dedicarse a la crianza y la familia.
Estos créditos se asocian a tiempos de licencia o el reconocimiento de un número específico de períodos de contribución. Además, en base a la experiencia de los países que los están aplicando, entre ellos, Alemania, Suecia, Francia y Argentina, los estudios sugieren que cumplen con propósitos más amplios, como prevenir la pobreza entre las mujeres e incentivar el empleo femenino. El desafío de estos tiempos es no solo limitar estas políticas al cuidado infantil, sino también incorporar a otras personas dependientes, como adultos mayores.
El trabajo de cuidados no remunerado es una pieza fundamental en el desarrollo económico y el bienestar humano. No reconocerlo es seguir desconociendo su participación en la generación de productividad y riqueza.
