Las nuevas cifras entregadas por el Mineduc este mes ratifican la enorme crisis educativa que enfrentamos en Chile. Una profecía autocumplida, tras 71 semanas del cierre masivo de salas cunas, jardines y escuelas producto de la pandemia, que exacerbó las vulnerabilidades previas a la emergencia.
En efecto, según el reciente balance, más de 50 mil escolares se restaron del sistema entre 2021 y 2022, mientras 1,2 millones de niños y niñas permanecieron con inasistencia grave. El nivel educacional que presentó un mayor incremento de inasistencia fue la educación básica, con un 105% de alza, seguido de la parvularia y la media científico-humanista, con aumentos de 87% y 83%, respectivamente. En cuanto a aprendizajes, sabemos que el 96% de estudiantes de primero básico no conoce las letras del abecedario, por lo que no son capaces de leer los textos indicados para su edad (U. de Los Andes).
Que niñas, niños y adolescentes se desvinculen del sistema educativo es una tragedia. Se trata de una problemática compleja, en la cual intervienen actores y factores de diversa índole -individuales, familiares, escolares, sociales-, con un origen e impacto diferencial sobre mujeres y hombres. Una trayectoria educativa con muchas repitencias, con reiteradas crisis familiares en contextos de vulnerabilidad, con trabajo infantil o un embarazo a temprana edad se erigen como los factores más frecuentes y que ya comprometen a toda una generación (ComunidadMujer).
Los bajos niveles de educación incrementan las probabilidades de enfrentar dificultades en el mercado laboral o vivir en situación de exclusión social (Eurostat, 2020). Pero también afecta la disponibilidad del capital humano que necesitamos para transitar al desarrollo.
No estamos ante un acontecimiento inocuo para nadie y, aun así, ha sido invisibilizado por otras crisis que se han tomado latamente la contingencia política. ¡Es hora de ordenar las prioridades! La principal tarea para 2023 no puede ser otra que reducir la brecha de aprendizajes, recuperar a las y los estudiantes que han salido del sistema y abordar la convivencia y salud mental escolar.
Para ello, las políticas educativas deben considerar los factores de género que incrementan la exclusión escolar. La colaboración entre escuela, familia y comunidad y las políticas socioeducativas oportunas son, así, fundamentales para garantizar que miles de estudiantes puedan optar a mejores oportunidades de desarrollo en el futuro.
El desafío es mayúsculo y requerirá un pacto de Estado que perdure más allá del gobierno de turno. Por lo pronto, la cartera de Educación anunció un “Plan de Reactivación Educativa” con una inversión de $250 mil millones. Los detalles aún no se conocen; reparar las confianzas e impulsar la colaboración público-privada será fundamental para el logro de los objetivos.
No podemos esperar más. La emergencia educativa debe ocupar el primer lugar en la agenda de prioridades de quienes gobiernan, legislan y educan. De toda la sociedad.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva ComunidadMujer
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