La “emergencia educativa”, que se instaló con preocupación el 2020 ante los altos niveles de deserción escolar, continúa en alerta máxima. Con la actualización de datos entregada esta semana por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, es dramático advertir que, a fines de 2023, no sólo no hemos mejorado lo suficiente, sino que en aspectos clave estamos peor.
Según la cartera, 44.845 estudiantes desertaron de 2021 a 2022 y 50.814 de 2022 a 2023, un 13,3% más. Por distintas razones, el plan de Reactivación Educativa a la asistencia y revinculación no avanza como debiera y enfrenta dificultades permanentes, que se agravan con crisis como la de Atacama: un prolongado paro de profesores que ha tenido a 30 mil estudiantes de la región sin clases por más de 80 días.
También se redujo a 140.000 la cantidad de escolares que faltan tres o más días al mes, es decir, con inasistencia grave, la que, acumulada a septiembre, llega a 34,2%, mejor que la tasa de 38,2% del 2022, pero aún a 15 puntos porcentuales de la última medición prepandemia. La asistencia destacada o normal aumentó cinco puntos, con 148 mil estudiantes más en esta situación. Aun así, es imposible sacar cuentas alegres.
El escenario país no ha hecho más que agudizar las vulnerabilidades educativas previas a la pandemia, sin mejoras a la altura de la gravedad de la situación. La polarización política tampoco ayuda. ¿Qué más tiene que pasar para arribar a un acuerdo de Estado por la educación en Chile? Una verdadera fuerza de tarea, donde los desacuerdos o los “bandos” no paralicen y vulneren el derecho de niñas, niños y adolescentes a educarse. Porque lo que ocurre hoy es una tragedia.
La evidencia demuestra, de hecho, que los bajos niveles de educación incrementan las probabilidades de enfrentar dificultades en el mercado laboral o vivir en situación de exclusión social (Eurostat, 2020). También afecta la disponibilidad del capital humano indispensable para seguir avanzando en una sociedad que otorgue más bienestar.
Estamos frente a una problemática en la que intervienen actores y factores de diversa índole -individuales, familiares, escolares, sociales-, con un origen e impacto diferencial sobre mujeres y hombres. Una trayectoria educativa con muchas repitencias, con reiteradas crisis familiares en contextos de vulnerabilidad, con trabajo infantil o un embarazo a temprana edad se erigen como los factores más frecuentes, que comprometen a toda una generación.
¡Ya son tres años de crisis! Este no es un acontecimiento poco analizado, pero parece perder terreno en las prioridades, ante todas las otras crisis -las muy reales y las no tanto- que tienen acaparada la agenda en Chile. No nos cansaremos de repetirlo: la principal tarea para 2024 seguirá siendo la que se planteó para este año que se va: reducir la brecha de aprendizajes, recuperar a las y los estudiantes que han salido del sistema y abordar la convivencia y salud mental escolar. No sigamos hipotecando el futuro.
Por Alejandra Sepúlveda, presidente ejecutiva de ComunidadMujer
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