Si hay una reforma histórica que, desde la sociedad civil, venimos señalando como necesaria, estratégica, pro crecimiento y, básicamente, la clave para reactivar y aumentar el empleo de las mujeres es -por muy lejos- la ley de Sala Cuna. Reformar el Código del Trabajo en esta materia, haciendo extensivo el beneficio a padres y madres trabajadoras, debe ser hoy una prioridad.
No hay dudas entre las y los expertos de que esta reforma laboral es fundamental por los efectos positivos, sociales y económicos que genera: mayor ocupación de las mujeres, disminución de las brechas salariales y un aumento de la cobertura al quitar la barrera de 20 trabajadoras para acceder a este derecho, más cuando el 40% de los hogares en Chile están encabezados por una mujer. Pero también por la importantísima inversión país que supone favorecer el ingreso universal a la educación inicial y la transformación cultural hacia una sociedad corresponsable y equitativa.
Todo, siempre y cuando, el derecho a sala cuna deje de ser de exclusividad de ellas y exista un financiamiento solidario en que concurran el Estado, los empleadores y las y los trabajadores. Ello supone hacerse cargo, también, de la compatibilidad de los horarios de jardines y salas cuna con las jornadas laborales de padres y madres.
Llevamos años y varias administraciones discutiendo esta reforma, con importantes grados de consenso. Por lo tanto, que retome la prioridad que amerita en la agenda pública, sería una señal auspiciosa que obligue al Ejecutivo y Legislativo a llegar a los acuerdos que permitan darle viabilidad ya.
Actualmente en Chile la tasa de participación laboral femenina es de un 51% (INE, marzo 2023), baja en términos comparativos, ya sea con la OCDE como con Latinoamérica. Sabemos, también, que la pandemia dejó fuera del mercado del trabajo a más de 900 mil mujeres y que su reintegración ha sido mucho más lenta que para los hombres (Clapes UC, 2023).
Porque los cuidados son en Chile la principal causa de inactividad de las mujeres, de subempleo horario (tiempo parcial involuntario) y también de informalidad laboral. Ello dibuja un panorama poco auspicioso para su autonomía económica y también para las oportunidades de bienestar de sus familias, demandando más acción de la política pública y también del mundo empresarial. Sobre todo, si sabemos que, de las personas inactivas, 1.338.800 mujeres no participan en el mercado laboral por “razones familiares permanentes” (INE, mayo 2023), argumento que se repite generación tras generación, impactando su posibilidad de recibir ingresos propios y para el país de aumentar hasta 10 puntos del PIB, avanzando en desarrollo sostenible y en productividad (OCDE, 2023).
El nuestro es un llamado de emergencia, a dar real prioridad a esta iniciativa. Al gobierno, al Congreso y a todos los actores que participan del debate a poner esta reforma delante de la fila, a llegar a un gran acuerdo y a destrabar los nudos que aún persisten por una sala cuna universal para Chile.
Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
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