Columna de Alejandra Zúñiga-Fajuri: Delincuencia narco, ¿una ventana de oportunidad para despenalizar la cannabis?
Recientemente, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, informó que a fines de este mes entregarían al Presidente una propuesta de política nacional contra el crimen organizado. Hace unos días, también, el Presidente de los Estados Unidos avanzó en la despenalización definitiva de la cannabis, al conceder el indulto a todos los condenados por delitos federales de posesión de marihuana, en un contexto donde casi 40 estados del país ya la han legalizado en alguna medida. ¿Es esta combinación -el combate al narcotráfico y la despenalización de la cannabis- una asociación extraña? No realmente, según veremos.
La cannabis es la droga ilegal más consumida en todo el mundo y cuenta, además, con una percepción social más positiva que el de otras sustancia ilegales, por lo que el paso dado por el Presidente Biden solo sigue la ruta que han recorrido ya varios países, como Canadá, Uruguay, Austria, Bélgica, Italia, Holanda, entre muchos otros.
Chile, en cambio, ha mantenido una constante lucha en contra de las drogas ilegales por medio de políticas públicas caracterizadas, principalmente, por la herramienta penal contra del narco. Los resultados inmediatos han sido la amplificación de variados y nuevos brotes de violencia en casi todas las regiones del país, generando una sensación de inseguridad en la población sin precedentes. En palabras del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, “Chile vive el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”.
¿Puede este oscuro escenario ser una ventana de oportunidad (o ventana política, en la terminología de Kingdon, 2011) para la legalización de la marihuana? Así es. Basta recordar lo que ocurrió en Uruguay en 2012, donde, en el contexto de una serie de delitos violentos relacionados de alguna manera con la droga, la delincuencia y la seguridad pública se asomaba como el principal problema país para la ciudadanía. En ese momento, el gobierno uruguayo incluyó la legalización de la marihuana dentro de un paquete de medidas de seguridad denominado “Estrategia para la vida y la convivencia”, decidiendo que el combate de los crímenes violentos asociados al narco no debían ser solo más armas, sino que también la regulación del mercado del cannabis, a fin de eliminar las ganancias del circuito criminal.
Como sostuvo el cientista político Martín Jelsma, durante la discusión parlamentaria del proyecto, “no hay otra forma de hacerlo. En cualquier modelo, si la producción y la distribución siguen siendo ilegales, las ganancias para las organizaciones de grupos criminales siguen en marcha. Entonces, la regulación bajo control estatal es la única manera de quitar este mercado de las manos de grupos criminales”, disminuyendo la violencia narco y protegiendo a los consumidores de cannabis.
¿Y qué ocurre con el consumo? La introducción de controles estatales sobre el mercado -y la regulación del consumo- no aumenta el acceso o la disponibilidad de la sustancia, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde el acceso existe en la calle y sin control alguno sobre la calidad y seguridad de la marihuana que se usa. Cuando el Estado asume el monopolio legal de la distribución del cannabis, se entregan garantías al consumidor sobre la calidad del producto, evitando el salto involuntario al uso de drogas duras y dando un soporte sanitario fundamental para atender la adicción, si se presenta. El usuario no se ve obligado a recurrir al mercado ilegal, violento y peligroso, para acceder a la cannabis, debilitando las redes del narco.
El actual escenario de inseguridad podría entregar al gobierno de Boric lo que Kingdon (2011) denomina “un poderoso impulso para la acción”, donde la asociación lineal entre drogas y crimen, asentada ya en la opinión pública, podría permitir una respuesta política diferente, dando un golpe al narcotráfico no solo por la vía de las armas, sino por la vía económica, regulando el mercado de la cannabis.
Por Alejandra Zúñiga-Fajuri, profesora titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso e investigadora principal del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Droga
