Hace ya muchos años que se intenta hacer cambios profundos en el sistema notarial y registral, reforma que ha tenido múltiples versiones legislativas y pasado por varias administraciones. Se trata de un proceso que ha sido fuertemente resistido por los incumbentes, esto es, los notarios. Tanto es así, que varios proyectos de ley han pasado a mejor vida. El último esfuerzo, que data de 2018 -sí, como se lee, hace cinco años que ingresó a la discusión parlamentaria-, pasó primero por la Cámara de Diputados y hoy se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado, desde enero de 2020.
Hace unos días, la Comisión de Constitución del Senado inició un periodo de consultas a diversos actores, instancia en la cual me correspondió entregar algunos elementos respecto de los desafíos del sistema notarial en términos operacional y tecnológico, materias que revisé a petición de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuando analizó el mercado de las notarías.
Desde hace ya bastante tiempo, y como se planteara en el informe de la FNE, el sistema notarial chileno tiene serios problemas vinculados al nivel de competencias existente, precios por sobre los establecidos en la ley y operaciones decimonónicas.
Desde un punto de vista operacional y tecnológico, algo se avanzó en pandemia, con el uso de nuevas tecnologías y procedimientos a distancia, pero son avances marginales y bastante acotados.
Al revisar el modelo operacional de los notarios, se identifican tres grandes procesos: atención de público (ventanilla), back office vinculado a la validación (fe pública) y, finalmente, almacenamiento y archivo; estructura de funcionamiento que lleva a preguntarse, ¿por qué estos procesos deben residir en un sólo actor?, ¿pueden establecerse alianzas para proveer los servicios vinculados a cada proceso?, ¿podrían ser externalizados?
Al analizar el uso de avances tecnológicos, podemos ver que su utilización es aún bastante básica, lo que contrasta con que, al incorporar tecnologías adecuadas y robustas, muchos de los procesos pueden llevarse a esquemas no presenciales. Esto reduce costos en términos bastante significativos, ya que la relación de los recursos involucrados entre la atención presencial y una no presencial es de al menos 10 veces (como se ha demostrado en otras industrias).
Lo que me queda claro de lo escuchado en la sesión del Senado, y cuando estuve en la Cámara de Diputados, es que hay mucha defensa corporativa de notarios y conservadores, que ponen como antagonistas la fe pública versus competitividad y calidad de servicio. Pero estos son complementarios. Mejorando los procesos e incorporando innovación y tecnología, no tienen porqué atentar contra la fe pública; muy por el contrario, la potencian.
Espero que este reimpulso en el proceso de discusión legislativa nos lleve de una buena vez a un nuevo marco legal y nos permita avanzar hacia mejores servicios y mayor competencia en nuestro sistema notarial y registral. Estoy seguro de que la ciudadanía estará agradecida.
Por Alejandro Barros, investigador Centro de Sistemas Públicos, Ingeniería Industrial, Universidad de Chile
