Es muy razonable reflexionar, dudar y preguntarnos si lo estamos haciendo bien, en especial en temas que afectan a niños, niñas y adolescentes, pero en la discusión pública sobre infancias trans, de forma mañosa, se ha invertido el peso de la prueba. Son quienes quieren meter al Estado en una decisión personal, familiar y profesional como lo es una transición de género, quienes deben presentar pruebas más allá de toda duda para restringir libertades y quitarle a las familias la posibilidad de decidir lo mejor para sus hijos. Lo cierto es que las prohibiciones propuestas se sustentan principalmente en sesgos ideológicos, errores y hasta desinformación.
La discusión de este tema parte por el Reino Unido y el primer error es pensar que sería un Estado avanzado en identidad de género, cuando es lo opuesto. Bajo la normativa británica las personas trans adultas todavía deben pasar por años de espera y evaluaciones médicas humillantes antes de que pueda reconocerse su identidad. En ese contexto, ¿cuesta creer que un país sin ley de identidad de género proponga medidas especialmente conservadoras respecto a la infancia trans? El informe Cass, eje central del argumento de quienes buscan prohibiciones, surge en esa coyuntura.
Asimismo, suelen afirmar que los países nórdicos estarían también retrocediendo, pero es falso. Suecia bajó la edad para el cambio legal de género de 18 a 16 años este 2024, mientras que Finlandia aprobó una ley de identidad de género el 2023 y ambos mantienen los tratamientos hormonales, aumentando resguardos en algunos casos, pero sin prohibir. Asimismo, Holanda, Bélgica, Dinamarca y Noruega tampoco han establecido prohibiciones.
También es muy importante enfatizar que la doctora Cass no realiza un estudio, sino un informe. Revisó los mismos estudios que médicos y especialistas han revisado múltiples veces, solo que emitió una conclusión distinta. Organismos como el WPATH (World Professional Association for Transgender Health), así como agrupaciones médicas de Estados Unidos, Canadá, Holanda y Suiza, además de Sochiped (Sociedad Chilena de Pediatría) discrepan de las conclusiones de la doctora Cass. La gran mayoría de instituciones sostienen que la prescripción de bloqueadores u hormonas debe evaluarse caso a caso.
La siguiente duda a aclarar es sobre el enfoque afirmativo. Algunos columnistas y periodistas han enmarcado el término “afirmativo” como si fuera forzar un camino, pero es lo contrario. Esta perspectiva busca crear un espacio de aceptación sin discriminación, que permita la exploración de la identidad, expresión y personalidad sin miedo. Este enfoque es concordante incluso con algunas recomendaciones de la Dra. Cass quien señala que no debieran existir “jerarquías en cuanto a identidad de género o la forma en que esta se expresa” y “nadie debe sentir la necesidad de invalidar su propia experiencia”. Adicionalmente, si a alguien no le gusta su terapeuta o su enfoque, en Chile es libre de buscar un terapeuta diferente.
Muchos amparan la oposición a este enfoque citando estudios antiguos sobre niños trans que desisten, indicando que podían llegar a ser el 80%. Es erróneo porque estas cifras preceden al DSM-5, que es de donde proviene el actual entendimiento y clasificación de “disforia de género”, pero sobre todo porque quienes desistieron en esa época lo hicieron en sociedades distintas. Yo misma desistí en los 90 y mi generación es evidencia de que la presión social o familiar pueden lograr que un niño desista, al menos temporalmente, pero a un costo muchas veces enorme.
Estudios más recientes sitúan a quienes desisten en un 2,5%, no obstante, los especialistas recomiendan obviar estadísticas que predisponen a resultados preconcebidos y tratar a cada persona en terapia como un individuo. Por si hubiera dudas, el mismo informe Cass identifica que de 3.306 jóvenes que transitaron de género menos de 10 revirtieron su transición. Se debe mejorar el acompañamiento para este 0,3%, pero de ninguna forma se justifica limitar la atención al 99,7% restante.
Tal vez lo más negativo en esta discusión es la desconfianza en el amor y cuidado de padres o en la experiencia profesional de médicos y terapeutas, cuando apoyan la transición de un joven trans. Es por ese sesgo que un número acotado de reclamos nos lleva a discutir suspensión, prohibición y límites a tratamientos, mientras las necesidades de 1.200 de familias que se atienden en el programa de identidad de género son ignoradas.
Para un joven trans, ya sea que proceda a hormonarse o no, esa decisión va a afectar su vida de forma irreversible. Por lo mismo, no podemos recurrir a slogans, ideologías ni limitarnos a citar estadísticas, tenemos que abordar sus necesidades tratándolo como un individuo. En ese escenario, lo más razonable es permitir que los afectados y sus familias, junto a médicos y terapeutas decidan lo mejor en cada situación, caso a caso, con toda la información disponible, con los mejores estándares y evolucionando las prácticas conforme surge nueva evidencia.
Por Alessia Injoque, directora de Fundación Iguales
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