El número de secuestros por año, al igual que los homicidios, representa un indicador de la penetración del crimen organizado en Chile. Al respecto, recientemente la Fiscalía Nacional dio cuenta de que en los últimos años han sido particularmente preocupantes, registrado la mayor cantidad de secuestros desde el retorno a la democracia, con 826 en 2022 y 850 en 2023.
El Ministerio Público ha transparentado las características detrás de este tipo de delito, indicando que el 27,2% se asocia a la criminalidad organizada, principalmente con fines extorsivos o ajuste de cuentas, cobro de deudas o venganza. Del mismo modo, la institución reportó que el 25% de los casos involucran al menos a un extranjero y que, dentro de dicho grupo, el 73% correspondería a personas originarias de Venezuela y un 11% provendrían de Colombia.
En este sentido, parte del aumento en los secuestros se debe a los fallos de nuestro Estado para controlar las fronteras –especialmente los ingresos irregulares–. Para combatir esto, desplegar centros de detención provisorios en la frontera, convocar fuerzas de tarea para combatir el crimen organizado trasnacional, generar centros de fusión de información y disponer de un sistema integrado de cooperación internacional, pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad del Estado en esta materia.
El informe de la Fiscalía Nacional también señala que el 55% de los secuestros se perpetran utilizando un automóvil. Este dato coincide con que un tercio de los secuestros ocurren en la vía pública y en el 28% de los casos la víctima es encontrada en el vehículo del imputado. Así, es fundamental mejorar el tratamiento e integración de la información de las cámaras de videovigilancia y pórticos lectores de patentes entre organismos públicos y privados, especialmente en áreas de alta concurrencia vehicular como carreteras y centros comerciales.
Finalmente, la dimensión penitenciaria nunca puede ser olvidada. Una vez condenados, quienes cometen secuestros son enviados a recintos penitenciarios donde los funcionarios de Gendarmería están expuestos a extorsiones y amenazas. Enfrentar este problema requiere perfeccionar la política carcelaria mejorando la segregación de reos y la clasificación de recintos penitenciarios, junto con incentivar el buen comportamiento de las personas privadas de libertad y establecer una Unidad Anticorrupción en Gendarmería.
En definitiva, combatir este claro síntoma del crimen organizado requiere una respuesta multidimensional, que considere la seguridad fronteriza, la integración del trabajo de las instituciones y reforzar el sistema penitenciario.
Por Alfonso España, Investigador de Horizontal
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