Columna de Alicia De la Cruz: SAIG, hacer crecer el Estado debilitando a la Contraloría

Sin estridencias, con poca atención, ha ido avanzando el proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG), un órgano descentralizado; es decir, con personalidad jurídica y patrimonio propios que, en definitiva, lo que hace es elevar a rango legal el actual Consejo de Auditoria General de Gobierno (CAIGG), creado por el Decreto Supremo 12 de 1997, con la idea de asesorar al Presidente de la República en la coordinación de los auditores internos de los diversos servicios del Estado.

Posiblemente no ha llamado la atención porque es difícil explicar instituciones con nombres tan raros: del CAIGG estamos pasando a SAIG sin que buena parte de la gente sepa de qué estamos hablando.

Sin embargo, es importante prestarle atención. Se trata, primero, de la creación de un nuevo servicio público, haciendo crecer nuevamente al Estado, llenándonos de funcionarios, porque quienes prestaban funciones en el CAIGG de rango reglamentario, ahora tendrán jerarquía legal, con la mayor protección que eso implica; y atendida las funciones que se le reconocen, seguramente aumentará su dotación.

Segundo, y aún más importante, el proyecto no considera ninguna norma que reconozca la dependencia técnica y coordinación necesaria con la Contraloría General de la República que el DS 12 reconocía. La dependencia fue debilitada por el DS 17 de 2023, que reformó el decreto 12, a raíz del escándalo de las fundaciones y sus rendiciones de cuentas. El proyecto actual no solo la reduce a una consulta, sino además la autoriza -por ley- a realizar auditorías directamente. Esto, no obstante, el artículo 18 de la Ley 10.336 Orgánica de la Contraloría establece la mencionada dependencia técnica.

Esto significa que, de aprobarse el proyecto en trámite, las auditorías internas de los servicios públicos se realizarán bajo las directrices del nuevo servicio, sin participación de la Contraloría, que es la entidad de control esencial del Estado, cuyo poder entonces se ve mermado por la creación, por ley, de un organismo que sustituirá o duplicará parte de sus potestades.

Esto último resulta doblemente sorprendente cuando hace solo unos días los senadores por amplia mayoría resaltaban la necesidad de fortalecer el trabajo contralor al confirmar el nombramiento de su nueva titular.

Con el estatus vigente, no hay conflicto, porque la dependencia técnica está reconocida en la ley, y porque la jerarquía normativa de la Contraloría siempre prima frente a la de un órgano regulado por una norma inferior.

Y no es que el CAIGG (reglamentario) no tenga poder. Se trata de un órgano asesor del Presidente de la República en un presidencialismo. Nadie niega el poder que, por ejemplo, tienen los asesores del “Segundo piso”, no obstante no sean funcionarios y no estén reconocidos en una ley.

De aprobarse el proyecto, habrá un nuevo servicio público con facultades fiscalizadoras; uno que eventualmente podría toparse y hasta contradecir a la Contraloría, que es la entidad experta en control. De esta forma se debilitarán tanto la autoridad contralora como el control interno de los servicios, al perder estos el vínculo directo con la Contraloría, mientras el gasto público sigue creciendo, engordando a la Administración.

Por Alicia De la Cruz, doctora en Derecho, profesora de Derecho Administrativo