El canciller ha planteado una de las grandes disyuntivas sobre migraciones en Chile, y que ha separado a la izquierda con la oposición. ¿Debe Chile recibir a todos los migrantes que quieran entrar a nuestro país, o se debe permitir el ingreso solo según la capacidad de nuestras comunas y necesidades de las regiones?
Analizando los números de la migración en Chile, pasamos de 340 mil extranjeros residentes en 2012 a 1,5 millones a fines de 2021. La irregularidad se generó principalmente en el periodo 2016 a 2018 por turismo laboral, esto es, migrantes (principalmente haitianos y venezolanos) que en la frontera decían que venían como turistas, pero se quedaban en Chile, sin visa, provocando que más de 500.000 personas quedaran en condición irregular. Luego, en el periodo siguiente, con cierres de frontera y pandemia, junto con solicitar visa para evitar el turismo laboral, aumentaron los ingresos clandestinos. Entre 2018 y 2021 fueron 87 mil ingresos clandestinos; en 2022 fueron 54 mil, y este año, a fines de marzo, ya llevamos 10 mil. Es decir, más de 500 mil turistas laborales, y 150 mil ingresos clandestinos desde 2016 a la fecha, según los datos de PDI.
En ese sentido, la inserción de estos migrantes se ha concentrado principalmente en Arica, Tarapacá, Antofagasta y la Región Metropolitana. La dificultad de este explosivo cambio demográfico lo han asumido principalmente las comunas como Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, Lampa, Estación Central, Santiago, Independencia y San Antonio. Junto con ello, los problemas de hacinamiento, pocos cupos para el acceso a jardines infantiles -donde según la Junji tiene prioridad el hijo de un extranjero sin cédula de identidad por sobre una madre adolescente chilena-, y una alta informalidad laboral generan problemas de cohesión con los nacionales. Por algo en la encuesta Bicentenario, el 82% de los chilenos considera excesiva la cantidad de extranjeros en el país. A su vez, en los últimos 15 meses se duplicaron los extranjeros privados de libertad en las cárceles chilenas, donde hoy los migrantes representan el 12,2% de los reos. En Tarapacá representan el 46%, el número más alto del país.
En ese sentido, negar que Chile completó su “cuota” es difícil y las justificaciones se orientan por razones ideológicas de fronteras abiertas, entre los que creen que nuestro país debe “registrar” a quien ingresó ilegal y después resolver caso a caso, lo que es un eufemismo para decir que es un perdonazo y le van a dar visa a todos los que no tienen antecedentes penales. A su vez, se ven acciones contra la migración regular, como los dos funcionarios del Ministerio del Interior que trabajaban en el refugio en la frontera con Colchane y que fueron arrestados por traficar personas por Bolivia; o el caso del director regional metropolitano del Servicio de Migraciones, quien como abogado buscó impedir la expulsión de una “narco” condenada por traficar 1.600 kilos de droga.
Ahora bien, sí comparto que la migración, bien gestionada, es un tremendo aporte para los países. Pero o tomamos la opción de que entren todos, que ha defendido la izquierda y con más énfasis las autoridades de Interior, regularizando a clandestinos, o avanzamos hacia un modelo gradual, entendiendo las necesidades y capacidades de las regiones y comunas. En ese sentido, ojalá Interior escuche al canciller.
Por Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno UNAB y del Observatorio de Migración Responsable
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