La llegada de “La Niña” nos enfrentará de manera severa a la escasez de agua que afecta a Chile por un período prolongado. Según el Instituto de Recursos Mundiales (2023), ocupamos el puesto número 16 en el ranking de estrés hídrico a nivel global. Es crucial cuestionarnos si estamos preparados para afrontar sequías cada vez más frecuentes e intensas, tal como se prevé que nos impactarán.
En este contexto, al igual que en otros, se presentan aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos positivos se destaca la existencia de un sólido y reciente Código de Agua, así como un alto nivel de servicios de agua y saneamiento para la población. Sin embargo, entre los aspectos negativos sobresale la débil gobernanza del agua, aspecto fundamental para asegurar una gestión adecuada y sostenible de este recurso vital.
Una buena gobernanza se basa en la confianza y el compromiso de todas las partes relacionadas con el uso del agua. La confianza se consolida a partir de un amplio consenso acerca de la política hídrica a nivel nacional y en cada cuenca. Dicha política define los objetivos y los medios para lograrlos, así como la institucionalidad necesaria para establecer y aplicar normas coherentes, transparentes y aplicables para el uso y la gestión del agua. De esta forma, se logra proteger el recurso hídrico, fomentar la inversión e innovación para un uso más eficiente y prevenir conflictos entre los distintos usuarios.
Una buena gobernanza, por tanto, requiere la colaboración activa de todos los actores involucrados en la gestión del agua para garantizar una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico. Para ello, es crucial contar con mecanismos eficaces de coordinación entre las diferentes entidades, tanto públicas como privadas; transparencia en la información y en la toma de decisiones, así como sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión del agua que posibiliten un seguimiento continuo de la calidad y cantidad del recurso, así como de los impactos de las acciones emprendidas. A nivel internacional, hay un amplio consenso en que una buena gobernanza del agua implica contar con una autoridad pública central y gestionarse de manera participativa a nivel de cada cuenca.
En Chile, carecemos de una autoridad capaz de coordinar de forma efectiva la definición y cumplimiento de objetivos ampliamente consensuados para garantizar la seguridad hídrica. Esta deficiencia se observa a nivel nacional y en cada cuenca, donde faltan instituciones clave para asegurar la participación y confianza de los diversos actores involucrados. A pesar de que se acordó transversalmente la gestión integrada de cuencas durante la elaboración del Código de Agua, esto no se ha podido concretar debido a la oposición de importantes actores. Además, la capacidad de control y fiscalización de las extracciones de agua es limitada, y no existe un sistema centralizado y transparente de información que genere confianza en todas las partes.
Construir un consenso sobre cómo superar estas deficiencias es crucial y requiere, como primer paso, compartir un diagnóstico de la situación actual, sus problemas y desafíos. La OCDE, entre otros, ha desarrollado un conjunto de indicadores para evaluar la calidad de la gobernanza en la gestión del agua. La elaboración de estos indicadores exige la participación directa de todos los actores que influyen en el sistema hídrico. El simple acto de elaborar este diagnóstico permitirá que todos los actores identifiquen las deficiencias actuales y, a partir de ahí, colaboren en la formulación de soluciones. Sin duda, este es un paso esencial para construir una gobernanza que posibilite a todos los actores colaborar en el uso sostenible de este recurso fundamental. Ya no podemos postergar más la construcción de una buena gobernanza del agua; es el momento de actuar.
Por Álvaro García, exministro y presidente de Colaboración Estratégica
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