Esta parece ser la discusión que llevan adelante los parlamentarios. Es bien evidente que algunos -Partido Comunista, Frente Amplio y otros oficialistas- hablan de elegir una Convención sin bordes aspirando a una segunda chance para replantear sus ideas refundacionales ya rechazadas. Por su lado, la oposición, argumentando recoger el sentido amplio del rechazo a esa propuesta, estima que la nueva discusión de un texto constitucional debe desarrollarse sobre bases que se alejen de posturas políticas extremas.
El tema de fondo es complejo. En estricto rigor, el órgano elegido para redactar una nueva Constitución debiera ser soberano para proponer su contenido a la ciudadanía. Y sería difícil de entender que el encargo de prepararlo naciera limitado por un acuerdo político previo. Con razón puede decirse que ello no es propio de una democracia, pues la pregunta a la ciudadanía tendría que ser una: ¿La Constitución que se le presenta es buena para Chile?
Puede sostenerse que las posturas de los extremos, sea de la ultraizquierda oficialista o de la derecha más dura, tienen derecho a participar. Unos lo harán defendiendo sus ideas partisanas, iluministas, destructoras de la República, y otros, como continuadores de las reglas existentes o mínimamente reformistas. Este es un dato.
Somos partidarios de que Chile no se exponga a una nueva discusión que solo trae incertidumbre y más daños de los ya causados durante el proceso anterior. Y es nuestra convicción personal que la mayoría de los chilenos saben muy bien lo que quieren. No serán engatusados con derechos imposibles o inexistentes, no se emocionarán con promesas políticas, ni mucho menos aceptarán un Estado autoritario y arbitrario que decide sin contrapesos acerca de la satisfacción de sus necesidades básicas y su desarrollo. Con seguridad, desde luego, no aceptarán que la República sea desprovista de sus atributos esenciales, ni tampoco que Chile renuncie a su identidad como nación de hombres y mujeres iguales y libres.
Aunque es difícil recoger estas convicciones en un acuerdo político previo, al menos en nuestro concepto, entre las reglas de la democracia no debieran tener cabida aquellas ideologías que en su esencia la destruyen. Tales son las que desconocen la República y sus instituciones, y las que propugnan un Estado con poderes superiores a los derechos de las personas. Esto es lo que contenía el proyecto que la ciudadanía rechazó. Los parlamentarios, depositarios originarios de la potestad constitucional, deberán decidirlo con coraje y en cumplimiento de su deber primordial: lo mejor para Chile.
Por Álvaro Ortúzar, abogado
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