Columna de Álvaro Ortúzar: ¿De qué derecho a la seguridad hablan?

Literalmente, no existe. Mientras los ciudadanos estamos expuestos a crueles crímenes, las autoridades a cargo se dan bandazos, anuncian medidas débiles y exasperantes por su inutilidad. Esto solo podría ocurrir en un país sin Estado de Derecho o en crisis irrecuperable por su falta de aplicación. El primer encargado -por mandato constitucional- de velar por la seguridad es el Presidente de la República, pero éste ha rehuido asumir su responsabilidad persistentemente. El país, en esta materia, se le escapó de las manos (si alguna vez lo tuvo). De nada sirve que una norma especial (artículo 32 Nº 17), le ordene disponer de las fuerzas necesarias y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional.

Las bandas de delincuentes que asolan Chile están vinculadas a la droga. Como ha ocurrido en otros países, su poder se extiende por etapas. Primero, las luchas territoriales que dejan innumerables muertos, sean de sus grupos o inocentes; luego, tras ese flagelo, las ciudades se entregan a su control a fin de evitar más fallecidos; a continuación, corrompen las instituciones del Estado y, finalmente, gobiernan. Queremos creer que en este camino Chile se encuentra al comienzo del itinerario. Esta es la única etapa del eslabón que aún permite que las autoridades intervengan con cierta eficacia. Por ello es tan importante que el Presidente asuma de una vez por todas el liderazgo que la urgencia reclama como imperativo y obligatorio. Nosotros, los ciudadanos, no podemos decirle qué hacer; él tiene las herramientas que la Constitución le entrega. Algo, sí, sabemos con certeza: de no actuar como le ordena la Carta Fundamental, debe responderle al país. Aunque no están muy lejanas las elecciones de alcaldes y gobernadores, no es suficiente en absoluto que se propinen derrotas unos candidatos a otros ofreciendo lo que carecen, que es la autoridad para combatir la delincuencia.

La pregunta, entonces, es bien clara: ¿quién va a tomar decisiones al respecto? La Constitución faculta a que un grupo de no menos de 10 y no más de 20 diputados presenten una acusación constitucional en contra del Presidente de la República “por haber comprometido gravemente la seguridad de la nación”. De esta acusación conoce el Senado y la resuelve como jurado. ¿Está comprometida la seguridad de la nación?, ¿ha tomado medidas eficaces la máxima autoridad para enfrentar y resolver el problema? Como la respuesta es evidente, ¿qué esperan los parlamentarios que pase para hacer uso de sus facultades y forzar a que la inseguridad sea resguardada con las fuerzas que la Constitución establece?

Es muy lamentable que los ciudadanos comunes tengamos que clamar para que las autoridades políticas dejen de dar entrevistas y vociferen mientras día a día muchos compatriotas caen víctimas de balas asesinas. Los siguientes eslabones de la cadena delincuencial están a la vuelta de la esquina.

Por Álvaro Ortúzar, abogado